Aurelio Pérez aboga por un modelo social agrario que contribuya a frenar la despoblación. Por una PAC que persiga objetivos sociales y ambientales concretos. Por una actividad agraria que de verdad se considere estratégica, y no una mera receptora de ayudas
Aurelio Pérez es el secretario general de COAG Castilla y León, una de las dos formaciones que forman la Alianza. La coalición acude a la consulta del 11 de febrero con el objetivo de ser la organización más votada y de implantar “el modelo social agrario por el que apostamos”. Porque hay dos enfoques respecto al medio rural: el meramente economicista y el social, que gira en torno a una figura muy importante, que es el agricultor a título principal.
“Acudimos a esta consulta con ánimo de construir. Debe prevalecer el diálogo y la negociación, y para eso tenemos dirigentes ligados sus explotaciones. Porque no vivimos en la ciudad: pisamos nuestra explotación todos los días”, señala. Pero “diálogo y acuerdo, sí, pero también contundencia cuando se nos niegue algo que consideramos justo”, advierte.
La futura PAC
Para Aurelio Pérez es muy importante diseñar una PAC que tenga muy en cuenta a qué se destina el dinero. Porque en el debate actual “se está decidiendo si nos centramos meramente en la producción o en la calidad. Y la Alianza apuesta sin duda por la calidad”.
“Debemos creernos de verdad que la agricultura y la ganadería son un sector estratégico, y rechazar la idea de que el sector agrario está basado en las ayudas públicas, porque solo suponen el 30% de los ingresos”, recalca. En opinión de este dirigente sindical la PAC es el instrumento puesto en marcha para incluir a la agricultura en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio.
“Pero debería estar fuera porque hablamos de algo tan básico como la alimentación”. Y porque “hay que tener en cuenta que cuando se firma un acuerdo con Canadá, con EEUU… hablamos de países en los que toda la producción está en manos de tres personas: no vamos a poder luchar en ese mercado”.
“A la nueva PAC le pedimos que cuente con un presupuesto para la política agraria, y a partir de ahí hablaremos. Porque tiene varios problemas, como la factura del Brexit. ¿Qué estudio de impacto se ha hecho sobre ello?”.
Los contratos
La Alianza aboga por buscar “fórmulas para mejorar la calidad, para que nuestra actividad sea más o menos agresiva con el medio ambiente, para establecer unas normas en la relación entre industria y productores, con unos contratos que estén reconocidos por todas las partes”. Ello permitiría “garantizar unos precios que sitúen a las explotaciones en la rentabilidad”. Claro, que al hablar de contratos hay un problema: “Que no se cumplen porque el productor no tiene peso para hacerlos efectivos”. Una razón que puede ser suficiente para llamar a la participación el 11 de febrero.
Desorden. El caso de la patata
El de la patata es uno de los sectores más sensibles, en los que se echa en falta la capacidad de trabajar de forma ordenada. Porque Castilla y León podría poner en el mercado patata fresca a lo largo de once meses. Por eso “sería conveniente poner en marcha ya la interprofesional, que haría una gran labor en relación con la comercialización, para hablar de las variedades que se siembran…”. En definitiva, “porque es insostenible que años como este se nos diga que muchas patatas no valen y que nos resignemos a esta situación”.
Los seguros agrarios
La Alianza UPA-COAG echa de menos que el PDR de Castilla y León recoja “algo tan esencial como la gestión de riesgos; hace años había 14 millones de euros de gasto total, de los que 7,5 procedían de Feader y el resto lo ponía de la Junta. Eso se lo han cargado”, denuncia. Por eso demanda “regresar a la dotación económica que teníamos hace siete años”.
Pero no es solo una cuestión de dinero. También hay que ofrecer al productor seguros razonables. “Hay que hacer un trabajo muy importante porque el agricultor y el ganadero quieren asegurar los rendimientos que pueden tener; no puede ser que se defina por su histórico”.
Agricultura ecológica
Para Aurelio Pérez la agricultura ecológica “es un sistema de trabajo muy positivo, que en Castilla y León debería estar bien regulado porque se ha hecho de forma un tanto arbitraria”. Para él, las entidades de producción ecológica no han tratado con equidad a todos los agricultores y, como consecuencia, “hoy hay agricultores ecológicos de primera y de segunda”.
