La Administración regional presenta un ambicioso programa para establecer nuevos regadíos en 20.000 hectáreas y modernizar los existentes en otras 40.000, mientras el sector privado se vuelca en las energías renovables para garantizar la rentabilidad
La Consejería de Agricultura y Ganadería ha presentado la planificación de las infraestructuras agrarias para el periodo que se extiende hasta el año 2020. El programa supone la puesta en riego de 20.000 nuevas hectáreas de regadío de diferentes provincias de la comunidad, con dos piezas clave como son la zona de Payuelos, en León, y la comarca salmantina de La Armuña.
Las inversiones también se dirigirán a la modernización de regadíos, con una superficie global beneficiada de 40.000 hectáreas, y a la concentración y reconcentración parcelaria, que afectarán a unas 160.000 hectáreas. Estos procesos “resultan imprescindibles cuando van vinculadas a actuaciones de modernización o transformación de nuevos regadíos”, según la consejería, “ya que se optimizan las inversiones y se permite una eficaz puesta en riego de las nuevas unidades de cultivo”.
De forma paralela, desde el sector privado se saca el máximo partido a las opciones que brinda la tecnología para impulsar el agua de riego a partir de energías renovables. En esa opción tienen puesto su empeño las grandes casas fabricantes, con un impulso especial en aquellos cultivos más estructurados. Es el caso de la remolacha, donde Aimcra promociona sistemas de riego basados en energía solar entre los agricultores que entregan su raíz a Azucarera, mientras Acor acaba de hacer público su plan para impulsar el riego a partir de energías renovables.
El proyecto consiste en conceder al socio un anticipo a interés cero, de 40 euros por tonelada de remolacha contratada, que devolverá en los cinco años siguientes.
Un impulso económico
Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se defiende que el desarrollo del regadío es uno de los recursos “que más va a condicionar el impulso económico, social y ambiental” del medio rural en las próximas décadas. Al mismo tiempo, subraya que en la actualidad aún se riegan por gravedad más de 140.000 hectáreas, lo que supone el 30% de la superficie regada en Castilla y León. El riego por gravedad supone distribuir el agua procedente de un centro de acopio, como un embalse, y hacerla discurrir a través de canales y acequias hasta la parcela, que inunda.
El mapa de actuaciones hasta 2020 plantea tres tipos de actuaciones. En primer lugar, las concentraciones parcelarias, “una de las herramientas más eficaces para conseguir la adaptación de la estructura de las explotaciones”, al mismo tiempo que permiten la reordenación e identificación de la propiedad del suelo rústico.
De este modo, se llevarán a cabo procesos de concentración y reconcentración parcelaria con una inversión de 110 millones de euros, gracias a recursos procedentes de las administraciones autonómica, nacional y europea.
Modernización
La segunda actuación prevista es la modernización de regadíos, con una inversión de 294,6 millones de euros entre fondos públicos y procedentes de la iniciativa privada. La previsión es llevar a cabo actuaciones en las Comunidades de Regantes del Canal del Páramo y Páramo Bajo en León, o la realización de obras que han quedado pendientes en el periodo actual como Zorita, en Salamanca, y Pollos y Castronuño, en Valladolid. Asimismo, se abordarán actuaciones en otras comunidades, “dependiendo de la disposición de los propios regantes”, según la consejería, como son el Canal de Villares, en León; Fuentes de Nava y Villalaco, en Palencia; el Carracillo, en Segovia; el Canal de Inés, Eza y Campillo de Buitrago, en Soria; el Canal del Duero, en Valladolid, y el Canal de San José, en Zamora.
Conseguir un riego más eficiente
La tercera pata del plan se encuentra en los nuevos regadíos. El mapa de infraestructuras agrarias recoge la puesta en riego de nuevas zonas con sistemas eficientes en el uso del agua y de la energía, con una inversión pública, así como por la iniciativa privada, de 206 millones de euros, que hará posible la finalización de actuaciones de interés en Castilla y León, como el Aranzuelo, en Burgos; el Valdavia, en Palencia; el Rituerto y Añavieja, en Soria; y el Esla-Carrión, en Valladolid y Palencia, entre otras.
Un sector competitivo
Desde la Consejería de Agricultura y Ganadería se recalca que con estas iniciativas se pone en manos del sector “las herramientas necesarias para hacerlo más competitivo en un mercado cada vez más globalizado”. De este modo, con el diseño del nuevo mapa de infraestructuras agrarias se persigue crear riqueza “en el sistema agrario y agroalimentario”, así como mejorar el desarrollo socioeconómico y medioambiental de las zonas rurales. “El regadío y la concentración parcelaria han sido y siguen siendo uno de los pilares estratégicos del desarrollo rural y del equilibrio territorial”, señalan las mismas fuentes.
Una actuación territorializada
Este nuevo modelo de trabajo, que contará con una inversión superior a los 610 millones de euros y beneficiará a 19.000 explotaciones, “se caracteriza por una planificación ordenada, objetiva, territorializada, transparente y responsable”, desde una postura “incentivadora” por parte de la administración regional.
El programa contará con indicadores de seguimiento y con un diseño “continuo, vivo y participativo” de las infraestructuras agrarias de la comunidad. Y se desarrollará, además, “de una forma coordinada e interactuando entre las diferentes administraciones, los agentes del sector, los regantes y sus comunidades”, señalan desde la consejería.
Corregir desequilibrios
El mapa de infraestructuras presentado persigue “mejorar la productividad y la competitividad del sector corrigiendo desequilibrios, especialmente en las zonas más desfavorecidas o con limitaciones”.
Al mismo tiempo, se pretende mejorar la rentabilidad de las explotaciones “mediante un uso más eficiente de los medios de producción, diversificando las producciones y mejorando su calidad”, con la finalidad de “adecuarse a las necesidades de los mercados y aumentando la eficiencia y la vida útil de la maquinaria”.
Mejorar la calidad de vida del profesional
Otro de los objetivos declarados por la Junta es el de elevar el nivel de vida de los agricultores al incrementarse la productividad, la competitividad y la renta agraria de sus explotaciones. Persigue, además, convertir el sector agrario en una actividad “atractiva para los jóvenes”, además de mejorar el acceso de la mujer y “potenciar el
desarrollo de la industria agroalimentaria”.
Esta planificación ordenada de las infraestructuras agrarias también tendrá “beneficios ambientales, como la mejora de la eficiencia del agua, el ahorro energético o la reducción de gases de efecto invernadero”.
