Alfredo Rodríguez Garagorri
Decano del Colegio de Ingenieros de Montes en Castilla y León
Uno de los principales problemas de grandes zonas del campo español es el abandono de buena parte de sus fincas rústicas. La falta de gestión de una finca la transforma con el tiempo en una zona de vegetación espontánea, primero herbácea y luego de matorral o arbolado joven. El proceso puede acabar desembocando en un bosque al cabo de las décadas. Pero hasta que se llega al bosque maduro y estable la finca pasa por varias fases intermedias, normalmente de matorral o árboles jóvenes, sin valor económico para sus propietarios, que en consecuencia no tienen ningún incentivo para invertir en ellas.
Son fincas con mucho material leñoso que se convierten en un problema para la lucha contra los incendios, porque si un fuego entra en ellas lo avivan con su gran biomasa y lo transmiten agravado a fincas colindantes. Si en una comarca la proporción de fincas de este tipo es muy alta hay una alta probabilidad de sufrir en la próxima generación un incendio forestal de grandes dimensiones.
“Miles de herederos tienen millones de parcelas deficientemente documentadas y sin un valor económico que justifique su legalización”
La baja rentabilidad de las fincas, unida a la kafkiana carga burocrática y tributaria que requiere formalizar legalmente su traspaso (aceptación de herencia, impuesto de transmisiones, inscripción en registro, etc), han llevado a que miles de herederos tengan millones de parcelas deficientemente documentadas y sin un valor económico que justifique su legalización. Llega un momento en que sus sucesivos herederos no saben ni dónde están las fincas, y además tienen un desconocimiento absoluto del mundo rural que su familia abandonó hace varias generaciones.
Ese insidioso proceso de abandono de parcelas es continuo, acumulativo y con difícil vuelta atrás. Todo ello unido al envejecimiento y a la despoblación rural indican que la situación dentro de diez años será peor porque habrá más fincas abandonadas y con riesgo de arder.
La única solución a largo plazo es liberar a los propietarios de la carga que en la práctica suponen esas parcelas y traspasarlas a quien pueda gestionarlas y evitar su degradación.
La fórmula para ello sería permitir a los particulares el pago de impuestos mediante la entrega de fincas, especialmente el IRPF y el Impuesto de Sucesiones.
Las parcelas recibidas se deberían ofrecer a los propietarios de fincas colindantes cuando sean explotaciones activas, dándoles facilidades como la adquisición mediante permuta. Sólo después serían subastadas si se espera que alguien puje por ellas. Las demás parcelas quedarían en manos públicas, y con el tiempo irían formando polígonos continuos de fincas de cierta entidad, concentrados en las zonas de menor valor económico.
“Las explotaciones ganarían competitividad, se frenaría la despoblación y el territorio se podría defender mejor frente a los incendios”
El principal beneficio de la medida sería el aumento de la extensión de las explotaciones activas a costa de superficies abandonadas. Las explotaciones ganarían competitividad, lo que contribuiría a frenar la despoblación, y el territorio se podría defender mejor frente a los incendios forestales al poder aplicar medidas de ordenación del territorio que de otra forma se quedarían en buenas intenciones por falta de disponibilidad de terrenos. También se estimularía la regularización de la situación registral y catastral de muchas parcelas.
Hacienda asumiría una pérdida de liquidez, que sería solo temporal en la parte correspondiente a las parcelas que se vendieran. Esa pérdida se compensaría en parte porque el aumento en la legalización de fincas aumentaría la recaudación de los distintos impuestos asociados a la transmisión de inmuebles, y además se obtendría un beneficio en la subasta de parcelas, sobre todo cuando se subasten lotes grandes por fincas adquiridas por separado a menor precio.
La situación actual implica la acumulación progresiva de fincas perdidas para la ley, para la economía y para el territorio, con efecto bloqueo para las explotaciones activas colindantes y con alto riesgo de sufrir y transmitir un incendio a las fincas colindantes.
La desamortización propuesta detendría ese proceso e iría concentrando terrenos en explotaciones activas y en fincas de titularidad pública. De esta forma se mejoraría la viabilidad de las explotaciones y se posibilitaría una mejor aplicación de medidas de ordenación del territorio en general y de prevención de incendios en particular.
