La Federación Nacional de Comunidades de Regantes y Unión de Uniones de Agricultores presentaron este martes al Grupo Popular y a Vox una propuesta conjunta de PNL para que se revise la política del Gobierno de demolición de infraestructuras que sirven para almacenar reservas estratégicas de agua, sobre todo en situaciones de sequía tan frecuentes como las que estamos viviendo.
Se trata de la primera reunión de una ronda de encuentros que ambas organizaciones tienen previstas.
Entre los años 2005 y 2022 la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos ha provocado la demolición de 767 presas y azudes, al considerarlos obstáculos obsoletos al natural discurrir de los cauces fluviales.
Impacto económico
La estrategia solo ha tenido en cuenta hasta ahora criterios de carácter ambiental para evaluar la obsolescencia de estas infraestructuras, sin ponderar el impacto socioeconómico de su desaparición; sobre todo, cuando ello ha coincidido con épocas de seguía como pasó en los años 2005 a 2007, 2016 a 2018 y en la presente.
Tanto Fenacore como Unión de Uniones consideran que, efectivamente, puede haber obras que hayan dejado de ser útiles, pero que es necesario incluir en la toma de decisiones criterios que tengan en cuenta la aridez de gran parte de nuestro territorio y la necesidad de regulación para asegurar la disponibilidad de recursos; una cuestión que se evidencia cada vez más necesaria habida cuenta de que las precipitaciones se producen cada vez en períodos más cortos y de forma más torrencial.
La propuesta de PNL presentada, que ha encontrado buena acogida por los diputados, pretende que la Estrategia de Restauración de los Ríos equilibre los efectos ambientales perseguidos con la necesidad de mantener reservas estratégicas de agua.
Infraestructuras útiles
Para ello se insta al Gobierno a incluir entre los criterios y principios de la Estrategia factores objetivos que permitan evaluar también la utilidad de las infraestructuras para el abastecimiento de poblaciones, el uso agrícola u otras demandas, así como las posibles compensaciones o alternativas para los afectados por su eventual demolición.
De la misma forma, se reclama que las obras de demolición estén sujetas a una evaluación de impacto ambiental ordinaria y a los trámites de información pública y audiencia a los interesados, para dotar de transparencia a los procedimientos.
Además, en tanto en cuanto estas medidas no estén efectivamente implementadas en la Estrategia, Fenacore y Unión de Uniones proponen que quede paralizada toda obra de demolición o remoción que esté en proyecto.
