El agricultor que decide sembrar semilla certificada está apostando por un producto con total trazabilidad (lo que le ayuda a cumplir las exigencias de la PAC), homogeneidad, capacidad de germinación y pureza, con un contenido limitado al máximo de impurezas y semillas de otras plantas.
Desde el punto de vista estrictamente económico, la semilla certificada supone un importante ahorro gracias a la menor dosis de siembra por la garantía de germinación, así como por un menor tiempo en la preparación de la semilla.
Al mismo tiempo, la certificada asegura la producción y mejora la cosecha, ya que las semillas están seleccionadas y tratadas para garantizar una buena implantación, con la disminución de las malas hierbas.
Sobre todo, la semilla supone el 15% de los costes de la explotación, es decir, es uno de los menores costes de cultivo, pero es el input que más impacto tiene en la producción por sí misma y por la relación que tiene con el resto de los insumos: una semilla de más calidad garantiza el empleo eficiente de los fertilizantes y hace menos necesario el empleo de fitosanitarios.
Javier de Sebastián, responsable de Cereal de Anove, destaca que la semilla certificada posee una calidad acreditada de forma doble: por un organismo oficial y por el mismo productor, que debe ofrecer una calidad superior a los estándares mínimos, “puesto que el mercado es mucho más exigente que la norma”.
Para De Sebastián, es muy importante tener en cuenta que la semilla certificada “permite un sistema de negocio basado en la inversión en obtención de variedades”. “Por eso hay que subrayar que el royalty no es una tasa, sino una inversión: permite un retorno de ingresos a los obtentores, quienes realizan importantes inversiones en mejorar las semillas”, de lo que se beneficia el conjunto del sector.
Está dentro de la lógica que el agricultor “tome decisiones en función de su ahorro”, pero “puede caer en la trampa de elegir lo más barato, que no es la decisión más inteligente como empresario”, advierte el responsable de Anove. Eso puede suceder, por ejemplo, si no tiene en cuenta los costes de producir su propia semilla, cuando también paga una retribución al obtentor.
“Si hace números, puede llegar a la conclusión de que la diferencia entre la certificada y hacer su propia semilla es muy poca (entre los 3 y los 7 euros por tonelada), sobre todo si paga a una empresa para que acondicione su semilla, mientras que el beneficio de emplear la certificada es muy grande”.
Otras ventajas son que, al comprar certificada, “hay un responsable de la calidad del producto, que es el obtentor”, además de la ‘conveniencia’ o facilidad para planificar la sementera.
Tabla: Análisis comparativo de emplear semilla certificada frente a grano reempleado, en cebada y trigo blando. FUENTE: Aprose.
El papel del multiplicador
Una de las figuras con un importante papel divulgador sobre las bondades de la semilla certificada es la del multiplicador. Urbano Blanco, responsable de Cultivos de la cooperativa Agropal, destaca que esta simiente “es más rentable porque es más productiva y menos vulnerable a enfermedades”.
Y eso no porque lo digan los obtentores, sino porque “el cereal es una planta que se autofecunda, pero que se va degenerando, ya que en el campo se mezcla con otras variedades y su capacidad de producción disminuye”. “La clave es la semilla de calidad no degenerada”, recalca.
Agropal multiplica semillas desde G4 hasta R2. El producto resultante se vende a los agricultores socios de Agropal y a distribuidores. Sus socios dedican a multiplicar semillas entre 500 y mil hectáreas, en función del año, y el objetivo es multiplicar por tres la superficie una vez que esté puesto en marcha el centro de selección de semillas que abrirá sus puertas en Magaz de Pisuerga, “que contará con la tecnología más avanzada de España”.
El objetivo del centro, que estará operativo el año que viene, es doble, puesto que persigue obtener una elevada calidad en selección y certificación de semillas al mismo tiempo que se aumenta la capacidad de trabajo, al realizar el proceso de forma más rápida.
“Ahora mismo tenemos muchos socios dispuestos a multiplicar semilla y el cuello de botella estaba en la selección y certificación”, apunta. La intención es que en la nueva etapa el agricultor adquiera R1 para que haga su propia R2, “pero le propondremos hacer nosotros esa R2; que no haga su maquila porque le saldrá por el mismo precio y tendrá más calidad”.
Para hacer su propia R2, el agricultor debe destinar parte de sus tierras, donde deja de producir con destino al mercado, además de los desplazamientos que debe realizar para el acondicionamiento, el canon que debe pagar al obtentor para pasar de R1 a R2… “por todo lo cual podemos ofrecerle una fórmula competitiva”, recalca Blanco.
El agricultor César González multiplica semilla para LESA en su explotación de Joarilla de las Matas, en la Tierra de Campos leonesa. Además de ser una actividad rentable, destaca que su labor “permite ir avanzando frente a los diferentes problemas, sobre todo la roya amarilla”, con la que existe una carrera que no tiene fin, “puesto que surgen nuevas variedades pero también el hongo va evolucionando y esas variedades dejan de ser resistentes”.
Dedica 30 hectáreas para esa multiplicación, en las que obtiene una media de 4.000 kilos por hectárea. Parte de la semilla obtenida la emplea en su explotación, “ya que la certificada ofrece mayores rendimientos y es más resistente a las enfermedades”. Es una opción que sale rentable en cultivos de márgenes tan estrechos, como el cereal, y de hecho sus prioridades como agricultor son “un elevado potencial productivo y unas semillas que se aclimaten a la zona”, dominada por los suelos arenosos.
Desde Anove se destaca que la producción y comercio de semillas es una actividad muy regulada y sujeta a autorización administrativa, que solo puede ser ejercitada por las personas y entidades autorizadas.
El comercio fuera del sistema de certificación se considera ilegal. De este modo, no está permitida la comercialización de granos entre agricultores u operadores para su acondicionamiento y posterior venta como semilla.
Los agricultores solo pueden abastecerse legalmente de semilla por dos vías: semilla certificada adquirida en el mercado o reempleo de granos para siembra producidos por ellos mismos.
Para Anove, el agricultor “tiene los medios para realizar una agricultura de calidad, económicamente eficiente, ambientalmente amigable y segura para él y para la calidad de la cosecha”.
La semilla certificada es el fruto de la investigación en la mejora genética y de la tecnología, “el futuro de una agricultura más competitiva”.
La utilización de material vegetal sin certificar o producido de forma clandestina “puede dar resultados deficientes y acarrear serios perjuicios económicos al agricultor”. Además, la ausencia de controles sanitarios “puede ser un foco de transmisión de enfermedades”.
La normativa de la Unión Europea y la legislación española reconocen a los agricultores el derecho a producir sus propias semillas. En el caso de las variedades protegidas, esta ‘excepción del agricultor’ (o ‘privilegio del agricultor’) está sometida a ciertos límites. Así, este derecho está limitado a ciertas especies: las variedades híbridas, las hortícolas, frutales y ornamentales están excluidas de esta excepción, y los agricultores no están autorizados a reservar ni reemplear semillas o plantas de tales especies si se trata de una variedad protegida.
Cuando se reemplean variedades protegidas, el agricultor está obligado a facilitar información y a contribuir con una remuneración económica a la empresa obtentora de la variedad.
Cuando se utilizan variedades protegidas, el royalty es la retribución que los agricultores hacen al obtentor por la utilización de su variedad para un único ciclo de cultivo.
Es importante reseñar que, cuando el agricultor compra semilla certificada, el royalty ya está incluido en el precio que paga por la semilla, y los agricultores que reemplean su propio grano contribuyen también en cada ciclo con dicha retribución.
Los agricultores que reempleen semilla de variedades protegidas están obligados a facilitar información y remunerar al obtentor, directamente o a través del acondicionador que selecciona el grano.
Eso sí, cuando se trate de pequeños productores no hay obligación de remunerar. La remuneración puede ser acordada y, en su defecto, equivale al 50% del royalty de la generación más baja (R2).
Por su parte, David Manzanares, presidente de la interprofesional de cereales panificables y derivados, Inhcerpan, defiende también la semilla certificada, “que es fundamental para obtener una materia prima de calidad, ya sea trigo duro o trigo blando”.
En segundo lugar, el también presidente de la Asociación de Fabricantes de Harinas y Sémolas destaca la trazabilidad que permite del producto, “lo que no se puede tener si la semilla no es certificada”. Por esa razón, emplear otra semilla “ocasionaría problemas con nuestros clientes y con las normas de calidad que son de aplicación a la mayor parte de las producciones”.
“Hay que tener en cuenta que un obtentor tiene 15 años desde que empieza a trabajar con una nueva variedad hasta que la puede comercializar; de ahí la importancia de pagar los royalties que financian esa investigación”, apunta. También destaca su mayor resistencia a las enfermedades.
