Una orden de 2010 es la norma aplicable a la fertilización en los 387 municipios afectados. Establece dosis máximas del nitrógeno que se puede aportar, pero desde Fomento y Medio Ambiente se apunta que son “límites orientativos”
La campaña de abonado de fondo está marcada por el decreto aprobado el 30 de junio en el que se ampliaban las zonas declaradas vulnerables a la contaminación por nitratos. Aunque agricultores y ganaderos siempre se han negado a ser señalados con el dedo, la norma -con origen en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente- deja claro que el problema deriva, “al menos en parte”, de los excesos en los aportes nitrogenados.
El debate sigue abierto, candente por momentos, y en el sector se reclama claridad para disipar la incertidumbre que sobrevuela 14.414 kilómetros cuadrados de suelo agrícola y 387 municipios.
¿Qué supone la contaminación por nitrato?
Por encima de los 50 miligramos por litro de agua existe un problema de salud para el consumo humano, sobre todo para colectivos como las mujeres embarazadas o los lactantes. Incluso hay autores que señalan al exceso de nitrato como responsable de la generación de sustancias cancerígenas, aunque todavía no existen suficientes estudios sobre ello, como subraya Jaime Fernández, jefe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático.
Además está el fenómeno de la eutrofización del agua, provocado por el exceso de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que incrementan la presencia de vida y reducen la presencia de oxígeno en un ecosistema.
Incluso tiene consecuencias muy negativas desde el punto de vista estrictamente económico, ya que muchos pueblos requieren una depuradora para el abastecimiento que es técnicamente difícil de instalar y que resulta de un coste inasumible para localidades pequeñas.
De ahí el apoyo que reciben por parte de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y de las diputaciones provinciales, como recuerda Fernández.
¿Cuándo se puede hablar de contaminación?
El umbral para hablar de contaminación por nitratos es el de 50 miligramos por litro de agua, como establece la directiva europea. Pero se trata de un umbral hasta cierto punto relativo porque la norma habla de que se supere ese nivel “o esté en riesgo de superarlo”.
En función de lo que establece esa directiva, en 2009 la valoración realizada desde Medio Ambiente era que por encima de 25 miligramos ya se consideraba peligroso. De este modo, las zonas de grandes regadíos o con importantes explotaciones ganaderas se declararon zona vulnerable cuando se sobrepasaban esos 25 miligramos.
Una década después, en el mapa de 387 municipios se han incluido aquellos en los que se supera un determinado valor, sin otras consideraciones.
¿Ha aumentado la contaminación en la última década?
Se ha escuchado en los últimos meses que se ha incrementado el número de municipios declarados zona vulnerable a la contaminación por nitratos porque en los últimos años -desde el decreto de 2009- ha crecido esa contaminación.
En realidad no es así y, de hecho, esa contaminación se ha ido produciendo de forma lenta y progresiva a lo largo de los años. Es más, lo que se ha detectado entre 2009 y 2020 ha sido lo contrario, con una evolución positiva de esos niveles de nitrato en determinadas zonas.
La realidad es que esa contaminación de las aguas se ha ido detectando gracias al análisis de aguas procedentes de la red de puntos de control de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), que forman una red de más de 500 puntos.
Esos análisis han permitido demostrar la presencia de problemas de contaminación en el agua que ya se intuían, pero de las que no había evidencia.
Elaborar un plan de abonado
Resulta fácilmente perseguible una actuación en la que hay un foco de contaminación muy evidente, mientras que la actuación se complica cuando se trata de muchas pequeñas acciones por parte de agricultores o de otros agentes.
Por eso Jaime Fernández considera que es necesaria una concienciación general, y por eso el futuro plan de actuación exigirá al agricultor que trabaja en zonas vulnerables que realice un plan de abonado en el que se contemple un balance de todos los nutrientes que se incorporen (fertilización inorgánica, estiércol, incorporación de parte del cultivo anterior, nitrógeno presente en aguas contaminadas…), así como de la parte que absorberán los cultivos.
Ese documento le ayudará en el objetivo de realizar una agricultura sostenible, pero también rentable.
De hecho, se ha publicado que la agricultura española emplea muchas más toneladas de nitrogenado de las que necesitan los cultivos, con un gasto innecesario cercano a los 25 millones de euros.
El plan de actuación para esas zonas redactado en 2010 es la norma aplicable a los 387 municipios que a día de hoy están señalados como vulnerables. Ahora mismo está en fase de redacción el nuevo plan de actuación, que podría entrar en vigor en primavera, y en ese documento se establecerán diferentes medidas, como dosis de aplicación, etc., “pero sobre todo se exigirá la elaboración de ese plan de abonado”, recalca Fernández.
¿Quién controla que se aplique la norma?
El control no depende de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente “porque los fertilizantes que se comercializan están perfectamente autorizados y se emplean en dosis que vienen recogidas en los manuales de agronomía”, recalca Fernández.
En cuanto a los abonos orgánicos, la vigente Ley de Residuos no lo menciona, de modo que tampoco es competente esta consejería y, de hecho, el reglamento europeo sobre subproductos animales no destinados a consumo humano (Sadach, en sus siglas en inglés) establece que le corresponde a la Consejería de Agricultura cuando esos elementos se emplean como abonos.
Cosa diferente son las acciones claramente ilícitas, como un almacenamiento desmesurado de estiércol, que en caso de ser contaminante para el agua sí sería sancionable, si bien la administración competente sería la CHD, destaca el responsable de Prevención Ambiental.
En ese sentido, Fernández anticipa que a partir del 1 de febrero de 2021 los estiércoles procedentes de explotaciones ganaderas sometidas al régimen de autorización ambiental no se podrán almacenar en los campos.
En todo caso, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente se apunta que el control de la aplicación de fertilizantes en tierras agrícolas corresponde a la consejería competente en materia agropecuaria, en el marco de la condicionalidad ambiental de la PAC, que marca algunas pautas que deben seguir los perceptores de las ayudas.
¿La culpa de todo la tienen los abonos orgánicos?
Desde diferentes ámbitos se ha apuntado a los abonos orgánicos como responsables de la contaminación, pero para Jaime Fernández “se puede decir rotundamente que no”. “De hecho, en algunas zonas vulnerables la ganadería es muy escasa, de modo que se ha contaminado forzosamente por el empleo de abonos inorgánicos”, apunta.
¿Debemos regar con agua contaminada?
Para el responsable de Prevención Ambiental regar con agua contaminada con nitratos es una buena opción, que ahorra dinero al agricultor. Desde la consejería se le anima a que analice el agua de riego porque, según sus cálculos, en una campaña de riego en la que solo se aporte agua con ese nivel de 50 miligramos por litro “se estarán devolviendo al suelo 70 kilos de nitrógeno por hectárea”.
Frente a ese beneficio económico y ambiental, en la práctica diaria muchas veces se hace lo contrario y el agricultor aporta nitrógeno al margen del ya existente en el agua de riego, con el consiguiente sobreabonado: ese excedente de nitrógeno no será aprovechado por la
De hecho, es más que probable que en el futuro se obligue a los regantes a analizar la presencia de nitratos en el agua. Se trata de un análisis sencillo y económico, con un precio que ronda los 20 euros. Todo ello porque “cuanto más sepa el agricultor sobre su suelo y sobre su agua de riego más eficiente será su actividad y menos deberá invertir en su actividad”, señala Fernández.
Entonces, ¿qué puede hacer el agricultor?
“Nunca hemos dicho desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que el agricultor deje de emplear el nitrógeno que necesite”, señala Jaime Fernández.
En su opinión, lo que establece la norma aplicable (la orden aprobada en 2010) es una serie de límites en el uso de nitrógeno. Se trata de una media procedente de las guías de fertilización del Ministerio de Agricultura, “pero son unos límites orientativos, no obligatorios”. El único límite infranqueable que establece la directiva europea es el de 170 kilos de nitrógeno de origen ganadero por hectárea. Más allá de esa cantidad el agricultor podrá completar la aportación de nitrógeno por otras vías, como la fertilización inorgánica, pero siempre dentro de lo que establezca su plan de abonado.
El código de buenas prácticas
En plena campaña de abonado de fondo, desde la compañía Deagro, dedicada al asesoramiento agronómico, se lamenta que existe “un problema muy serio de información y de interpretación de la norma”. Su director, José Luis Díez, destaca la importancia de los estiércoles en el proceso de contaminación de las aguas, “ya que su nitrógeno es menos estable en el suelo que en los abonos sintetizados; sobre todo porque es algo que los fabricantes ya tienen en cuenta, de modo que elaboran productos que no se laven o que puedan estar más tiempo disponibles”.
En relación con el código de buenas prácticas agrícolas, “se trata de una guía para una fertilización eficiente en función de la producción esperada, y el decreto aprobado en junio lo hace es recordarlo”. En su Anexo II señala que los programas de actuación de las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos, y las medidas contenidas en ellos, “serán de obligado cumplimiento”.
Eso sí, el código de buenas prácticas no tiene carácter obligatorio, siendo formas de trabajo que voluntariamente pueden llevarse a cabo.
¿Y el cuaderno de cultivo?
José Luis Díez recuerda que en el cuaderno de cultivo que debe rellenar el agricultor hay una hoja dedicada a recoger la fertilización, voluntaria con carácter general, pero que es obligatoria si la finca se encuentra en una zona vulnerable.
En aras de realizar una fertilización eficiente, resulta muy oportuno encargar un análisis de suelo, “pero también hacer caso a la información que nos ofrece”. “Es una decisión inteligente, que compensa, y además el agricultor puede tener en cuenta que muchas entidades, como algunas diputaciones, subvencionan la realización de esos análisis. A partir de ahí, deberá comprar el abono que necesita, no el que le ofrezca el almacenista”, recalca.
