Las organizaciones agrarias Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL apoyan firmemente la decisión de la Junta de Castilla y León de rechazar el aumento de la protección del lobo. Días atrás, los gobiernos autonómicos de Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria redactaron un documento que trasladaron a la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, firmado por los cuatro consejeros de Medio Ambiente, en el que apostaban decididamente por considerar innecesaria la inclusión del lobo ibérico en un Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, una propuesta que el Gobierno central se encuentra analizando.
Las organizaciones agrarias de esta región se suman a esta petición y van “más allá, recordando que otorgar al lobo un nivel de protección adicional al que ya tiene sería una decisión muy perjudicial para los intereses del medio rural y para un sector económico clave como es el ganadero. Son los propios ganaderos los que en primera persona están sufriendo las peores consecuencias de la expansión descontrolada de esta especie por todo el territorio regional”, manifiestan en nora de prensa conjunta.
La población del lobo actualmente no solo no está en peligro en Castilla y León, sino que además está generando gravísimos problemas a los profesionales del sector productor, añaden. Argumentan además que este tipo de cánidos está en franca expansión en territorios que hasta hace pocos años no ocupaba, haciendo incompatible su presencia con una actividad clave y ligada desde siempre al territorio como es la ganadería extensiva.
Recuerdan asimismo que los lobos han causado en el último año en Castilla y León la muerte de 3.800 cabezas de ganado en 2.580 ataques, lo que supuso más de dos millones de euros de pérdidas económicas a los productores.
Asaja, Alianza UPA-COAG y UCCL recuerdan al Gobierno central que en peligro de extinción se encuentran los ganaderos más que los lobos, “y en este sentido exigimos responsabilidad y sentido común para que las políticas de las distintas administraciones vayan encaminadas a defender la actividad ganadera extensiva de Castilla y León, que cuenta con enormes valores medioambientales, culturales, gastronómicos y económicos, y contribuye de forma muy importante a la fijación de población en el medio rural”.
