Pone a disposición de los productores todo el asesoramiento jurídico necesario para que trasladen al Gobierno su firme rechazo a la decisión adoptada por el ministerio. Solicita a ayuntamientos y diputaciones que emprendan actuaciones para defender a los afectados de esta “arbitraria y sectaria medida del Ejecutivo central”
UPA Castilla y León está trabajando para que particulares e instituciones de la comunidad autónoma presenten alegaciones al Gobierno central contra la inclusión del lobo en el Lespe (Listado en Régimen de Protección Especial).
La arbitraria y sectaria aprobación días atrás por parte de la Comisión Nacional de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que encabeza la ministra Teresa Ribero merece una contundente respuesta por parte de los ganaderos, y también por parte de las administraciones que deben velar por sus derechos e intereses como son ayuntamientos, diputaciones y la propia Junta de Castilla y León. 
En este sentido, UPA pone a disposición de todos los particulares que así lo deseen el asesoramiento técnico y jurídico para presentar alegaciones tras la apertura de la consulta pública previa sobre el proyecto para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección especial.
La organización recuerda que la decisión del ministerio, que a pesar de llevarlo en su nombre parece no importarle nada el reto demográfico, no es aún vinculante y debe seguir varios trámites hasta hacerse efectiva, por lo que hacemos un llamamiento a la participación del sector.
UPA recuerda que el lobo ni está perseguido, ni es una especie amenazada ni está en peligro de extinción como interesadamente han vertido grupos ecologistas que con intereses aviesos, retorcidos y perversos han sacado adelante una norma gracias a la complacencia de la ministra Ribero, que ha demostrado con su decisión no solo no tener intención alguna de dignificar al colectivo de ganaderos, sino más bien todo lo contrario, maltratarlos y empujarlos a la ruina económica en muchos casos.
“Ya que el ministerio no ha contado hasta ahora con la opinión del sector implicado más importante en este asunto, puesto que son los ganaderos quienes ocupan el territorio los 365 días del año, debe ser el propio Gobierno que lo ha consentido quien reciba la opinión de los afectados a través de alegaciones para paralizar esta aberración que no tiene ningún sentido y que responde solo al deseo de unos pocos para que esta fiesta la paguen una vez más los productores”, reclama UPA.
