Si se suprime el actual sistema de certificados B para el ajo, “podríamos volver a caer en un aumento del fraude, que han permitido probar que por parte de importadores y en varios países de la UE se estaba introduciendo ajo fresco o refrigerado a través de otras partidas arancelarias"
La Asociación de la Mesa Nacional del Ajo de España y la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Ajo, que agrupan a la totalidad de la producción y comercio español, y a su vez al 60% del sector del ajo europeo, han enviado una carta conjunta a los responsables de la Comisión Europea que están debatiendo la modificación y “simplificación” de las políticas comunitarias en materia de importación de productos agrarios, según informan desde Cooperativas Agroalimentarias.
Según explican ambas asociaciones, una simplificación en estos controles propiciaría prácticas irregulares, perjudicaría al presupuesto comunitario y provocaría la entrada de una mayor cantidad de producto induciendo al desequilibrio del mercado de ajo en la UE, un sector muy sensible a cualquier incremento de la oferta.
Además, si se suprime el actual sistema de certificados B para el ajo, “podríamos volver a caer en un aumento del fraude, asunto constatado en repetidos ejercicios por la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF), que han permitido probar que por parte de importadores y en varios países de la UE se estaba introduciendo ajo fresco o refrigerado a través de otras partidas arancelarias, saltándose así el 9,6% de derecho aduanero ad valorem, más el derecho específico de 1.200 € por tonelada, lo que ha supuesto una cuantiosa cifra de evasión de impuestos a las arcas de la UE y un notable daño a los profesionales europeos del sector”.
Según ambas asociaciones, una modificación como la planteada por la Comisión Europea, requeriría un análisis más pormenorizado del impacto, y no debería ser presentada exclusivamente como si se tratara de un mero ejercicio de “simplificación” administrativa, ya que sus efectos, como denuncian ambas organizaciones, serían muy perjudiciales para el sector productor y comercializador de ajo europeo y muy concretamente español, que produce el 60% de la UE.
Por todo ello la Mesa Nacional del Ajo y la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Ajo exigen que la Unión Europea no debilite los actuales sistemas de control y registro de entrada del ajo al mercado comunitario y no se supriman de este modo los certificados B, que es lo que actualmente se está planteando.
