En pleno debate sobre la futura PAC, Jesús Julio Carnero defiende la ‘posición de Comunidad’ adoptada junto a la sociedad civil, que se asienta en mantener la misma financiación para Castilla y León y en vincular las exigencias ambientales a las ayudas del primer pilar
La tecnología permite a Jesús Julio Carnero atender a la redacción de CAMPO entre una reunión y otra. En la conversación se percibe el ajetreo de una agenda con muy pocos huecos libres y una preocupación fundamental para el máximo responsable de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: que los profesionales del campo obtengan el apoyo que requieren para seguir rentabilizando su actividad y para afrontar con garantías un panorama cambiante.
-¿En qué momento se encuentra el debate sobre la nueva PAC?
-Recientemente se ha celebrado un Consejo de Ministros de Agricultura en relación con la PAC posterior a 2023. En él se ha dado un paso importante en la construcción de la nueva política agraria. Se ha decidido el marco financiero plurianual en un acuerdo que alcanza el Parlamento Europeo con el Consejo, que desemboca en los denominados trílogos, la comunicación entre esas dos entidades y la Comisión Europea para alcanzar el acuerdo definitivo..
-¿Cómo contempla el documento aprobado en ese Consejo de Ministros?
-Nosotros siempre hemos defendido una financiación igual que la que está vigente hoy. La PAC que se está definiendo tiene una serie de exigencias ambientales muy importantes para nuestros agricultores, que requieren las correspondientes compensaciones porque difícilmente podrá haber un compromiso por su parte sin ellas. Para nosotros, a mayor exigencia medioambiental debe haber mayores compensaciones porque sin ellas no habrá sostenibilidad ambiental.
No hay que perder de vista que esta PAC, dado que da muchísima autonomía a los Estados miembros, debe definirse, en lo que corresponde a España, fruto del acuerdo que alcancen las comunidades autónomas y el ministerio. Por tanto, se ha subido un peldaño más, pero la construcción de este edificio pasa por la definición del Plan Estratégico Nacional.
-¿Cómo acude Castilla y León a las reuniones para definir ese plan estratégico?
-Desde un punto de vista genérico tenemos una ‘posición de comunidad’ consensuada con opas, cooperativas, industria agroalimentaria, sindicatos y partidos políticos, con el conjunto de la sociedad civil de Castilla y León, que nosotros debemos defender. Esa ‘posición de comunidad’ pasa por que Castilla y León quiere una financiación idéntica a la que ha disfrutado hasta ahora.
-¿Se va a lograr ese objetivo?
-Esa ha sido la posición que ha defendido el presidente Alfonso Fernández Mañueco y es una posición muy importante para nosotros. En ella trabajamos, si bien aún no sabemos la cantidad definitiva que le corresponderá a España en sus términos exactos, de modo que tampoco podemos saber lo que le corresponderá a Castilla y León. Estamos en una fase muy inicial.
-Más allá de esas grandes cifras…
-Más adelante habrá que definir la figura del agricultor genuino, la regionalización… todos los aspectos en que se dejará autonomía a los Estados miembros.
-Una de las grandes novedades está en lo que se han llamado los ecoesquemas.
-Los ecoesquemas son las prácticas que la nueva PAC quiere poner en marcha en la busca de esa ambición medioambientalista que tiene la UE y que se refleja en el llamado Pacto Verde. Son prácticas que deben realizar nuestros agricultores y ganaderos en sus explotaciones, según las cuales se avendrán a respetar esos criterios que busca el Pacto Verde.
-¿Esos ecoesquemas serán obligatorios?
-Son obligatorios para los estados y voluntarios para los agricultores y ganaderos, que podrán ejercerlos o no en función de la agricultura y la ganadería que practiquen. Lo que demandamos desde Castilla y León es que, dado que son prácticas voluntarias y que se deben ir acomodando en el tiempo, tengan en primer lugar una importancia porcentual prudente. Hablamos de un 15%, mientras el Consejo habla de un 20% y el Parlamento Europeo apuesta por un 30%.
Por tanto, en los trílogos de los que hablábamos antes se debe decidir el porcentaje del primer pilar dedicado a los ecoesquemas, pero nosotros pedimos prudencia.
En segundo lugar, defendemos que se trata de ecoesquemas universales. ¿Qué quiere decir esto? Que ese sistema abarque todos los tipos de agricultura y ganadería que se practican en este país. Que todas las formas tengan encaje en su forma de manifestarse en alguno de los ecoesquemas.
-Pero puede confundir al agricultor por su carácter voluntario, porque todo el mundo quiere seguir cobrando lo mismo…
-Lo que es cierto es que hay modelo nueva PAC con una concepción distinta en su primer pilar. Hemos abandonado el ‘greening’ y nos hemos ido a una ayuda básica de en torno al 60%, en torno al 15% de ayudas asociadas y los ecoesquemas podrán fluctuar, según la definición que han hecho Consejo y Parlamento, entre el 20 y el 30%. Lo que nosotros preferimos es todo lo que se acerque al 15%, y de este modo mejor el 20 que el 21% porque son prácticas que parecen de difícil cumplimiento, al menos en los inicios, porque obligan a los agricultores y ganaderos a un mayor compromiso ambiental.
-Jóvenes, mujeres… ¿Van a tener un apoyo específico?
-Sí hay una apuesta clara por los jóvenes y las mujeres, y eso que predicamos en Castilla y León, con una estrategia de la mujer o un plan de la agricultura o la ganadería joven, se da también en el ámbito comunitario y se verá en el primer pilar.
-¿Es buena la predisposición del Gobierno central?
-Hablamos de forma continua, a nivel técnico y en la conferencia sectorial y el Consejo Consultivo, con el ministerio. Pero ya decimos que estamos en una fase muy inicial porque no tenemos construida aún la posición definitiva de la PAC por parte de la UE, y luego se debe trasladar, dentro de los márgenes que se nos permiten, al Plan Estratégico Nacional. Posteriormente eso se presentará ante la Unión Europea para que le dé el visto bueno. Pero a día de hoy no hay ningún acuerdo respecto a ninguno de los apartados, ni generales ni específicos. Lo que estamos haciendo es trasladar cada cual la posición que considera mejor para su agricultura.
-¿El agricultor puede estar tranquilo?
-Queda mucho trecho por negociar y nuestra posición es, como digo, de mantener el ‘statu quo’. Lo que se ve hasta ahora es que en la nueva PAC existen unas formas de agricultura y ganadería que se pueden ver beneficiadas. Por ejemplo, la ganadería extensiva de algunas partes de nuestra comunidad, que se puede ver beneficiada por los ecoesquemas.
Pero hay poco definitivo. Lo que sí es cierto, y yo siempre que tengo oportunidad lo he manifestado, como en el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios del pasado jueves, es una apuesta por la sostenibilidad ambiental. Pero si no va a acompañada de la sostenibilidad económica, de compensaciones, no habrá sostenibilidad ni medio ambiente porque, ante el mayor número de exigencias, tendrá que mirar para otro lado, ya que no podrá asumirlas con el mismo nivel de rentabilidad.
-En cuanto al presente, se han hecho numerosos adelantos de la campaña 2020.
-Sí. Somos líderes en el conjunto del territorio nacional, al haber abonado a agricultores y ganaderos unos 600 millones, lo que supone el 70% de las ayudas. Estos días hemos pagado las ayudas del ovino por más de 21 millones, correspondientes tanto a la PAC como a nuestro compromiso por la crisis de consumo generada por la pandemia.
También estamos abonando el 85% de las ayudas agroambientales y de agricultura de montaña. Por tanto, seguimos trabajando en la línea de darlo todo a favor de los agricultores y ganaderos.
Lo hemos hecho siempre, pero este año con el añadido de que ha sido un ejercicio muy difícil. Las solicitudes se presentaron en pleno confinamiento de la población. Todo eso se hizo de manera sosegada, y no hubo ninguna alteración. Aquí me gustaría romper una lanza a favor de los funcionarios de la consejería, que están permitiendo que los anticipos estén llegando a los profesionales.
-El Gobierno acaba de aprobar la Ley de la Cadena Alimentaria. ¿Es una buena noticia?
-Es una ley necesaria porque no deja de ser un instrumento que permite garantizar unos precios adecuados a nuestros agricultores y ganaderos. Desde la Junta siempre lo hemos manifestado y lo hemos demostrado con los hechos, como la aprobación de nuestra propia ley. Veremos el desarrollo de la ley nacional cuando entre en vigor.
Los pasos son siempre necesarios y nunca definitivos en la búsqueda del fortalecimiento del eslabón más débil, que son nuestros agricultores y ganaderos. Ganar en transparencia, en conocimiento de cómo se va conformando el precio, va a ayudar a ese equilibrio y a ese marco de relaciones entre productor, industria y distribución. El ideal no se ha alcanzado y seguiremos trabajando todos, pero es un objetivo al que no podemos renunciar.
-¿Qué opinión le merece el documento de los Presupuestos Generales del Estado?
-Estamos analizando el Presupuesto y hay un aspecto que me parece lamentable, que es suplir parte del incremento recaudatorio mediante un incremento de un impuesto como es la subida del IVA a las bebidas azucaradas, pasando del 10 al 21%, cuando se está hablando del azúcar, un producto de primera necesidad.
Hemos comprobado que los incrementos impositivos suponen 340 millones de euros. Por tanto, vemos que solo se quiere aumentar la recaudación a costa de un sector que ha sufrido muchísimo, un sector que tiene aspectos de vulnerabilidad social en el caso de que haya abandonos del cultivo.
No hay que penalizar el consumo ni el cultivo de la remolacha, sino incentivar un consumo moderado, responsable y en entornos de hábito saludables.
Nosotros siempre vamos a defender ese consumo moderado, pero no se puede admitir un incremento impositivo con afán recaudatorio que supone en el conjunto del crecimiento de los impuestos más del 18%.
Por otro lado, nos sorprende el poco peso que desde el punto de vista de los proyectos le corresponde al ministerio de Agricultura. Tenemos que seguir trabajando todos para que ese porcentaje se incremente.
-También se están elaborando los presupuestos de la Junta de Castilla y León.
-Estamos trabajando internamente y con la Consejería de Economía para que nuestros agricultores y ganaderos tengan el mejor de los presupuestos, en un escenario marcado por la pandemia y por la enorme importancia de todo lo relacionado con la sanidad. De lo que se trata es de conseguir un presupuesto que permita ir cumpliendo los objetivos que nos marcamos al inicio de la legislatura.
Vienen unos tiempos difíciles, pero creo que con el esfuerzo del sector y de la propia consejería existirá la compensación al esfuerzo que agricultores y ganaderos están realizando.
