El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha reunido hoy con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con quien ha analizado diferentes aspectos relacionados con el sector agroalimentario en esta comunidad autónoma, así como el estado de los debates para la reforma de la Política Agraria Común (PAC).
De cara a la PAC para el periodo 2021-2027, España ha logrado cumplir con el objetivo de contar, al menos, con el mismo presupuesto que en el periodo anterior. En total, 47.724 millones de euros, un presupuesto suficiente para que las explotaciones puedan hacer frente a las nuevas ambiciones medioambientales.
En materia de desarrollo rural, Casilla y León va a ver mejorada su tasa de cofinanciación europea, que pasa del 53 al 60%, al considerarse como región en transición.
Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más ayudas recibe en ayudas directas de la PAC y la tercera en ayudas de desarrollo rural. En total, suman unos 1.100 millones de euros al año para más de 79.000 beneficiarios. Las ayudas directas en el periodo 2015-2020 en esta comunidad siguen la tendencia general observada en todo el país de aumento del valor medio por beneficiario, pasando de 11.674 euros en 2016 a 13.511 euros en 2019.
Mañueco defiende que la PAC evite nuevos desequilibrios territoriales
Fernández Mañueco ha trasladado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación su apoyo a la hora de de programar en un Plan Estratégico Nacional la aplicación de la nueva PAC post 2020. Según le ha manifestado en la reunión celebrada esta mañana en Valladolid, Castilla y León comparte el planteamiento de tener un Plan Estratégico único para toda España donde se diseñe la aplicación de la nueva PAC en el conjunto del país, recogiendo las particularidades de la agricultura de los diferentes territorios.
Para Castilla y León la construcción de la nueva PAC, a través de este Plan Estratégico Nacional, tiene como objetivo fundamental que no se produzcan desequilibrios territoriales respecto a la situación actual, ya que ello provocaría abandono de la actividad en el medio rural, lo que supondría a su vez el fracaso de la propia PAC, única política europea territorial realmente dirigida a los territorios rurales, los más extensos y difíciles de proteger.
En este apoyo, la Junta de Castilla y León ofrece su colaboración al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tanto para la toma de decisiones como para el desarrollo de dicho Plan. En este documento se debe diferenciar una parte, que será de aplicación en toda España (el denominado primer pilar de la PAC) en el que se encuadran las ayudas directas financiadas al 100% por el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEAGA) y una segunda parte, que reflejará las intervenciones territoriales que cada Comunidad Autónoma determine. Esta segunda parte, a diferencia de la primera, estará cofinanciada por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), la Comunidad Autónoma y el Estado, sustituyendo a los actuales Programas de Desarrollo Rural de cada Comunidad Autónoma.
Teniendo en cuenta que el proceso de aprobación de la normativa europea se ha retrasado, y que no se espera que esté lista hasta finales de este año o principios del año que viene, el objetivo es poder contar con ese Plan Estratégico Nacional a mediados del año que viene y poder así desarrollar la normativa española y de la Comunidad Autónoma durante 2022. Con este nuevo calendario la nueva PAC entrará en vigor en 2023, con el Plan Estratégico Nacional y su normativa aprobados.
Posición de comunidad
Además del apoyo y colaboración total de Castilla y León con este Plan, Fernández Mañueco ha recordado la firme posición de comunidad en defensa de la PAC, que fue adoptada por la Junta, los grupos políticos, las Organizaciones Profesionales Agrarias, las cooperativas agroalimentarias, representantes sectoriales, jóvenes, mujeres rurales, redes rurales y el Diálogo Social.
Así, el presidente de la Junta ha insistido en que es necesario garantizar la actual financiación procedente de la PAC y no disminuirla. Para Castilla y León la PAC supone unos 1.000 millones de euros al año, la mayor parte dirigida al apoyo a la renta de los agricultores y ganaderos y a mantener una producción sostenible con los recursos naturales. Los enfoques de la nueva PAC serán más exigentes desde un punto de vista medioambiental, por lo que reducir la financiación pondría en riesgo la actividad agroalimentaria, la más importante en el medio rural.
Castilla y León defiende que la nueva PAC debe tener elementos diferenciadores para los agricultores y ganaderos profesionales, de explotaciones familiares, que principalmente viven de la agricultura. Así, debe servir para fortalecer sus explotaciones, garantizar su resistencia a la volatilidad de los mercados y a los riesgos de la producción (adversidades climatológicas y plagas y enfermedades) y conseguir incorporar jóvenes y mujeres, apoyándoles con tecnología e innovación.
