El consejero Jesús Julio Carnero se ha felicitado esta semana por la noticia de que los estados miembros de la UE hayan alcanzado un acuerdo sobre la PAC que estará vigente a partir del 1 de enero de 2023. “Se inicia un periodo intenso y trascendental para la agricultura y la ganadería de Castilla y León”, ha anunciado.
En el diseño del nuevo Plan Estratégico Nacional se debe conseguir una agricultura y ganadería “familiar y profesional”, por lo que echa de menos “contraprestaciones” al productor por los nuevos retos y exigencias medioambientales que le impone el texto aprobado por el Consejo de Ministros de la UE.
Tras años de negociaciones, la Unión Europea ha dado luz verde a la nueva PAC, que marcará el rumbo de la agricultura y ganadería para el periodo 2023-2027. A partir de este marco, cada país tendrá que diseñar su Plan Estratégico Nacional, que se perfilará en los próximos meses para ser aprobado y desarrollado reglamentariamente en 2022.
Aunque todavía hay que profundizar en los documentos que llegan de Bruselas, Asaja considera que ya hay suficientes indicios de que la PAC que llega no será mejor que la que queda atrás. El resumen principal de es: “Con números rojos, la agricultura no puede ser verde”.
Europa trata de hacer una política agraria “de postureo, contentando a sectores hoy muy influyentes como el lobby ecologista, pero muchas veces pasando por alto la lógica productiva e incluso los datos científicos”, recalcan desde la organización.
Así, se consolidarán los ecoesquemas, a los que se vinculará un 25 por ciento de las ayudas, aunque los primeros dos años será de un 20 por ciento transitoriamente. Este punto, unido a la condicionalidad reforzada, puede complicar enormemente la labor a las explotaciones agrarias de Castilla y León, que parten de una situación de desventaja por las condiciones del territorio y tienen muy difícil modificar rotaciones de cultivos o reducir insumos, bajando su productividad. También supondrán un enorme escollo para producciones de regadío, como es el caso del maíz, en opinión de Asaja.
También se fija un mínimo de retención del 10 por ciento de los pagos directos para ser destinado a “pagos redistributivos”, que bajo su apariencia de reparto de “ricos a pobres”, será en realidad un castigo injusto para las explotaciones profesionales respecto a las que mantienen jubilados o profesionales de otros sectores que poseen las tierras como una mera inversión.
Igualmente, Bruselas ha descafeinado la figura del “agricultor genuino”, con lo que se frenan nuestras expectativas de valorar al profesional respecto al intrusismo, puesto que basta con justificar un 25 por ciento de la renta de procedencia agraria, incluso aunque toda sea procedente de subvenciones.
La Unión de Campesinos de Castilla y León, UCCL, considera que conllevará una pérdida de competitividad de las explotaciones y menores rentas para los agricultores y ganaderos.
La organización agraria cree que, tal y como está planteado el acuerdo, con los nuevos topes del 25% para ecoesquemas y el 35% del segundo pilar a fines ambientales, se refuerza mucho más de lo que se debería la ambición verde de la PAC.
Esto supondría una pérdida de competitividad que sitúa a los agricultores y ganaderos en situación de desventaja frente a otras potencias agrícolas, favoreciendo una competencia desleal desde la propia Unión Europea a través de tratado y acuerdos de libre comercio, sin respetar los principios de reciprocidad ni exigir a las mercancías importadas nuestras mismas normas.
UCCL exige que a la hora de hacer el acuerdo del Plan Estratégico de la PAC en España es imprescindible definir la figura de agricultor genuino que permita dirigir estas ayudas directas a quien realmente las necesita, los agricultores y ganaderos a título principal, que evite poner en jaque a un sector estratégico como es el sector primario, productor de alimentos de calidad.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera que, la reforma de la PAC ratificada por el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, no es justa ni social y acelerará el “proceso de uberización del campo español y europeo”.
El texto aprobado no responde las verdaderas necesidades del modelo social y profesional agrario, mayoritario en Europa, al abandonar aún más los mecanismos de regulación de mercado. Ello, agravará el impacto de la volatilidad de los precios y la espiral alcista de los costes en las rentas de las pequeñas y medianas explotaciones. “El cierre de explotaciones es un hecho.
Un 7% de macroempresas agrarias acapara ya la mitad del valor productivo, según datos del propio Ministerio de Agricultura del año 2020. Y esta nueva PAC acelerará el inquietante proceso de concentración de la producción. Nos jugamos dejar en manos de un puñado de multinacionales y fondos de inversión la soberanía alimentaria de Europa”, ha apuntado el Secretario General de COAG, Miguel Blanco.
En el capítulo de ayudas, se observa con perplejidad el “galimatías sin sentido” en torno a la definición de “agricultor genuino”, que finalmente se aleja del agricultor profesional, que no tendrá prioridad a la hora de acceder a las ayudas redistributivas de la PAC. Se consolidaría un trasvase de ayudas del verdadero profesional, que trabaja directamente en su explotación, a aquellos falsos activos y absentistas que viven fundamentalmente de otras actividades no agrarias.
Asimismo, COAG considera demasiado elevado el tope máximo de ayudas por explotación (100.000 euros). “Es un nuevo intento fallido para realizar una redistribución de las ayudas más justa. Un tope por encima de los 60.000 euros no tiene efectos a nivel práctico”, ha afirmado Blanco.
En contraste con todas estas opiniones, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que la ratificación por los Estados miembros del acuerdo sobre la Política Agraria Común supone poder avanzar hacia una nueva política agraria más justa y sostenible desde el punto de vista social, económico y ambiental.
Tiene en cuenta a la agricultura familiar y profesional y aboga por el necesario relevo generacional para asegurar una actividad agraria con futuro, que haga frente a los nuevos desafíos climáticos, al tiempo que asegura la rentabilidad de las explotaciones.
El acuerdo alcanzado, según Planas, proporciona un marco equilibrado y estable para que el sector agrario pueda planificar su actividad en los próximos años.
España ha cubierto sus objetivos, tanto en la negociación del Marco Financiero Plurianual, primero, como en la negociación específica de la PAC, y podrá disponer de un presupuesto para ayudas a agricultores y ganaderos de 47.724 millones de euros para el periodo 2021-27, cifra similar a la del periodo anterior, en un contexto de descenso del 15 % del presupuesto comunitario por la salida del Reino Unido de la UE.
