El Servicio Jurídico de COAG Castilla León ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia la ejecución forzosa de la sentencia número 1153/2016, dictada el veinte de julio de dos mil dieciséis en el procedimiento 1185/2013, ganado por la Alianza UPA-COAG y gracias al cual los cultivadores cobraron el pasado año, con los intereses legales correspondientes, la ayuda de tres euros por tonelada de remolacha entregada en la campaña 2011/12.
El objeto de esta solicitud es invalidar la Resolución de la Dirección General de Política Agraria Comunitaria por la que se deniega el pago de la ayuda a ciento veintiséis beneficiarios por causa de que los solicitantes habían fallecido con anterioridad a la propuesta de resolución de pago, que como sabemos se retrasó hasta el 2019 por la pendencia del procedimiento judicial.
La Junta debe pagar a los herederos de los solicitantes o al menos indemnizarlos porque la responsabilidad en el retraso del pago es imputable únicamente a un acto de la Administración, que acordó el archivo de los expedientes de ayuda, medida que fue declarada contraria a derecho por la Justicia.
“El Gobierno regional rompió el acuerdo alcanzado en marzo del 2008 suscrito por la Consejería de Agricultura, Azucarera y Acor, y no concedió la ayuda que ella misma promovió durante las campañas PAC 2011, 2012 y 2013. Esto motivó que la Alianza UPA-COAG interpusiera en junio de 2013 recurso ante el TSJCyL, obteniendo en junio del 2016 la sentencia favorable que obligaba a la Junta a tramitar todas las ayudas de remolacha de la PAC 2011”, recuerdan desde COAG. En septiembre del 2016 se comunicó el auto del TSJCyL aclarando que la Junta debía abonar las ayudas con intereses. Sin embargo, lejos de admitir la derrota en los tribunales, la Consejería recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo, lo que motivó que hasta mediados de 2019 no se abonasen a los beneficiarios las cantidades comprometidas en su día.
Las actuaciones judiciales de la organización lograron que el Gobierno regional pagara a todos los remolacheros, incluidos los que no recurrieron a los Tribunales, siendo la Alianza UPA-COAG la única de las que hizo frente a los costes judiciales, no habiendo supuesto desembolso específico alguno a los remolacheros, como sí ocurrió en las actuaciones de otras organizaciones agrarias.
