Cerca de 5.500 agricultores de Castilla y León recibirán este año el dinero que les adeuda la Junta desde la campaña 2011/2012, cuando se anuló la ayuda -que ya estaba aprobada- de tres euros por tonelada como consecuencia de la situación económica que atravesaba el país en aquel momento.
La mayoría de los agricultores percibirá entre 1.500 y 1.800 euros, según los cálculos del responsable de remolacha de UPA Castilla y León, Matías Llorente, “puesto que las producciones mayoritarias se encontraban aquel año entre las 400 y las 600 toneladas por explotación”.
Al mismo tiempo, si se divide el montante anunciado por la Junta (10.000 euros) entre los 5.500 perceptores, el resultado es una media exacta de 1.818 euros por agricultor.
Según el testimonio de Matías Llorente, la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, se ha comprometido a realizar el pago en el mes de junio.
El acuerdo por parte de la consejería consiste en no recurrir ante el Tribunal Supremo las sentencias en su contra y pagar a todos los remolacheros afectados por la retirada de la ayuda, y no solo a aquellos que recurrieron la decisión del Ejecutivo autonómico. Por parte de los agricultores se abandona la vía judicial y, por tanto, se renuncia a solicitar la ejecución de la sentencia.
Con este acuerdo los agricultores percibirán los tres euros por tonelada con los intereses generados entre 2012 y 2016, pero no por los dos últimos años. Los gastos y costas correrán, además, de cuenta de quienes acudieron a la Justicia para reclamar el pago.
Una de las dudas de los remolacheros tiene que ver con la ayuda agroambiental aprobada por la Junta en el marco del PDR de Castilla y León, a la que podían acogerse quienes se comprometieran a sembrar remolacha durante cinco años.
La clave está en el año de carencia que preveía la propia norma, al que se acogieron hace dos años muchos agricultores de Palencia y el Páramo Leonés ante la falta de agua de riego.
Para el resto de agricultores –el 80% del total– el quinto año sería esta campaña, la 2019/2020, con lo que si se acogieran al año de carencia quedaríamos ‘liberados’, si bien con la obligación de poner otros cultivos con perfil agroambiental.
