La responsable de la Confederación Hidrográfica del Duero desmiente que vayan a reducir un 25% las asignaciones de agua a las nuevas comunidades de regantes de aguas subterráneas. Descarta cualquier regularización inmediata de los ‘pozos de Minas’
Cristina Danés preside la Confederación Hidrográfica del Duero desde agosto de 2018. Así está al frente de la administración que controla ámbitos fundamentales en la actividad del regante.
-¿Qué le va a suponer al regante la entrada en vigor del nuevo Plan Hidrológico?
-Entrará en vigor en enero de 2022. Actualmente está en fase de consulta pública del EpTI, donde, entre otros aspectos, se debaten diversas alternativas que no están cerradas. En el Esquema de Temas Importantes definitivo se podrá evaluar cómo pueden afectar a los usuarios las alternativas adoptadas.
-¿Harán recrecimientos en algún embalse?
-En el Plan Hidrológico vigente (2016-2021) no hay ninguna medida consistente en el recrecimiento de embalses. Actualmente se está elaborando el nuevo Plan Hidrológico para el período 2022-2027 y las medidas dependen de los procesos de consulta pública.
-¿Esta crisis paralizará las inversiones previstas para estos próximos años?
-Dependerá de la voluntad de las autoridades competentes (Gobierno, comunidades autónomas y entes locales) y de los usuarios, que son corresponsables de las inversiones.
-¿Puede confirmarnos la intención que tiene la CHD de reducir las concesiones de los regantes que se integren dentro de estas nuevas CUAS en un 25%?
-No existe tal intención, sino que se van a aplicar las dotaciones aprobadas en el Plan Hidrológico, que son las que nos ha proporcionado la Junta de Castilla y León por comarcas agrarias y tipos de cultivo. Estas dotaciones son las mismas que se aplican al resto de concesionarios.
-Respecto a una posible regularización de los ‘pozos de Minas’, ¿hay alguna novedad?
-La Administración está sujeta al principio de legalidad, y la Ley de Aguas establece que el plazo para la inscripción de aprovechamientos de aguas privadas, está cerrado, por lo que esa pretendida ‘regularización’ a la que se hace referencia, debería en todo caso obedecer a una modificación de la Ley de Aguas, y no se tiene conocimiento de que haya ninguna propuesta en tramitación de modificación legislativa en dicho sentido.
En lo que se refiere a los procedimientos que han sido objeto de demanda, no hay ninguna novedad sobre lo ya conocido hasta la fecha, la Administración se mantiene a la espera de la decisión del Tribunal Supremo que ha sido planteada sobre el reconocimiento de estos derechos, y que afecta también a otras cuencas.
