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sábado, abril 20, 2024
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ACCOE denuncia a la Junta por “fomentar la discriminación entre agricultores y alterar la libre competencia en los mercados”

La Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) ha interpuesto una denuncia tras la publicación del Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, sobre Entidades Asociativas Agroalimentarias Prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León y la Orden AYG/632/2017, de 25 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias, en el marco del Programa de Desarrollo Rutal de Castilla y León 2014-2020.

Tal y como se indicó tras la emisión de los primeros borradores por parte de la Junta, ACCOE considera que “la puesta en marcha de disposiciones que discriminan abiertamente la iniciativa privada y favorecen una vez más la competencia desleal en favor de las empresas cooperativas, está abiertamente en contra de uno de los pilares fundamentales no solo de la Constitución Española sino también de la Unión Europea: la libertad de comercio“.

Aseguran que “los reiterados ataques contra este colectivo por parte de la consejería, con llamativos titulares en prensa por parte de la consejera, calificando de “regalos” las iniciativas puestas en marcha por ella misma, representan una voluntad manifiesta de distorsionar la libre competencia en el sector, que a la larga limitará a los agricultores su capacidad de decisión y privará a muchas medianas y pequeñas empresas sitas en la región de su posibilidad de susbsitencia. Todo ello en favor de actividades empresariales que, desgraciadamente, a menudo terminan en ‘concurso de acreedores’ con el consiguiente desembolso por parte de todos los contribuyentes”.

ACCOE, Asociación mayoritaria en el comercio de cereales tanto a nivel regional como nacional, ha solicitado en reiteradas ocasiones reuniones para tratar la cuestión con la actual consejera de agricultura y ganadería, Milagros Marcos, así como la incorporación a la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria y a lo sórganos consultivos en el sector agrario y agroalimentario sin haber recibido hasta la fecha respuesta alguna.

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