El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mantenido una reunión con los representantes de las organizaciones agrarias para abordar aspectos relacionados con el lobo. De común acuerdo, han decidido exponer a la titular del Mapama que solicite a la UE el cambio de régimen del lobo al sur del Duero
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, se ha reunido con las diferentes organizaciones agrarias que representan a los ganaderos afectados por los daños del lobo al sur del Duero. En la reunión, se ha analizado la necesidad de solicitar al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente que extienda una petición a la Unión Europa solicitando el cambio de régimen de protección del lobo al sur del Duero, de manera que pase de estar estrictamente protegida a ser gestionable.
El objetivo de la propuesta es que la especie pueda gestionarse con mayor flexibilidad y eficacia. Para ello, se van a analizar los parámetros que más afectan a la gestión de la especie: en primer lugar, la consideración del estado de la conservación, que permita dar respuesta a los compromisos de la Directiva Hábitat; en segundo lugar, la forma de planificar las actuaciones con el fin de mantener las poblaciones en un estado de conservación favorable y con unos daños a la ganadería mínimos y, en tercer lugar, se modificaría la forma de realizar los controles o aprovechamientos de la especie.
En este último punto, el consejero se comprometió a indemnizar los daños, es decir, serán abonados por la Junta de Castilla y León por un sistema como el implantado a día de hoy. Asimismo, Suárez-Quiñones ha recordado el buen funcionamiento del nuevo seguro que se puso en marcha el pasado 1 de junio, con el que el plazo de pago de las indemnizaciones que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente da a los ganaderos por los daños causados por esta especie al sur del Duero ha pasado de cerca de un año a 17 días.
También se fijarían unos cupos de extracción sostenible. La finalidad de este cupo, que se fijará en función del estado de las poblaciones de lobos, será ayudar a prevenir los daños sin esperar a que se den. Estos controles serían llevados bajo el mando de la Administración a través del personal de campo, los técnicos y agentes medioambientales, en su caso con la ayuda de cazadores con la titularidad cinegética de los terrenos donde se haya establecido el cupo y los ganaderos y propietarios afectados por los daños del lobo –siempre que cumplan unos conocimientos mínimos en las técnicas de caza-.
