José Miguel Herrero dirige la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que se encarga de vigilar las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria. En este último año, AICA se ha consolidado como organismo referente en el control de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena y, como señala Herrero, las empresas sancionadas corresponden en su mayoría al sector de la distribución de frutas y hortalizas.
–¿Qué datos nos puede ofrecer sobre las inspecciones realizadas por AICA durante 2016?
-Los inspectores de la Agencia de Información y Control Alimentarios han realizado 541 inspecciones de oficio en 2016; la cifra de controles de oficio asciende a 1.748 desde que iniciamos nuestra labor como vigilantes de la Ley en 2014. Si a estas inspecciones en la cadena alimentaria les sumamos las que llevamos a cabo en los mercados oleícolas, que es otra de las funciones encomendadas a AICA, el número de controles alcanza los 1.595 en 2.016 y roza los 6.000, concretamente 5.957, desde la creación de la Agencia.
–¿Y respecto a las sanciones impuestas?
-Desde que AICA comenzó a funcionar, se han propuesto 347 sanciones por incumplimientos de la Ley de la Cadena. En general, no respetar los plazos de pago se constituyó como el motivo más común de sanción, seguido de la falta de contratos.
En Castilla y León se han propuesto 15 sanciones, de las que 12 han sido por incumplimiento de los plazos de pago, 2 por no tener contratos, y 1 por no contener los extremos mínimos exigidos en la Ley en los contratos. Las empresas sancionadas corresponden al sector de la distribución de frutas y hortalizas en su mayoría.
–¿Hasta qué punto contribuye la actividad de la agencia a respaldar al productor?
-AICA controla a todos los operadores que intervienen en la cadena y vigila que las partes cumplan los requisitos que marca la Ley en beneficio de todos. AICA es un organismo neutral e imparcial en sus actuaciones que no va contra nadie, sino que muestra misión es controlar que la Ley de la Cadena se cumpla, por el bien de todos, y para evitar los desequilibrios en las relaciones comerciales.
-El cultivo de la patata Castilla y León posee un valor muy importante, y se trata de un sector en el que la firma de contratos choca con su idiosincrasia. ¿Ha detectado la agencia algo en este sentido?
-En Castilla y León, concretamente en el sector de patata, hemos realizado un total de 23 inspecciones, tanto a industrias de confección de patata como a empresas de la distribución. Hasta el momento, se ha resuelto un expediente con sanción, que conlleva 4 multas, por ausencia de contratos y por no respetar los plazos de pago. Hay además, 5 expedientes abiertos en tramitación.
Sobre el sector de la patata, hasta el 31 de diciembre de 2016 hemos recibido 5 denuncias, de las que una de ellas afecta a Castilla y León. Dicha denuncia ha sido por problemas en el etiquetado, en lo que AICA no es competente, por lo que se ha dado traslado a la Junta, que es quien tiene la competencia en este tema.
En el marco del Plan de Control 2016-2017, hemos intensificado las comprobaciones para verificar la existencia de contratos en todos los sectores agroalimentarios. También comprobamos que los contratos firmados reúnen los requisitos mínimos exigidos en la Ley.
–¿Cuáles son los sectores más conflictivos?
-Desde la creación de AICA, hemos realizado programas específicos de control de oficio en determinados sectores, como frutas y hortalizas, vino, sector lácteo, aceite de oliva envasado, aceituna de mesa, carne de pollo, y conservas de pescado.
De éstos, el lácteo y el sector de frutas y hortalizas son los que acumulan la mayoría de sanciones. Como indicaba anteriormente, la infracción más habitual es no respetar los plazos de pago se constituyó como el motivo más común de sanción, seguida de la falta de contratos.
–¿Cuáles son las inspecciones y las denuncias más habituales?
-Respecto a las inspecciones, como ya he comentado, se han realizado varios programas de oficio, dirigidos a determinados sectores. Estas inspecciones conllevan la comprobación del cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, como la existencia de contratos, que éstos contengan los extremos mínimos que exige la Ley, que se cumplan los plazos de pago, que no se haya producido ningún pago adicional al establecido en el contrato, etc.
Respecto a las denuncias, hemos recibido en total 149. El año pasado, se recibieron 53 denuncias. El sector más denunciado ha sido el lácteo, seguido del sector de frutas y hortalizas.
Debo señalar que la mitad de las denuncias que hemos recibido han sido por “venta a pérdidas”, práctica que está prohibida por la Ley de Comercio Minorista, y cuyo control corresponde a las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la competencia para investigar y sancionar. Desde AICA estudiamos esas denuncias, y tras comprobar el ámbito territorial donde se ha producido la venta, lo trasladamos al gobierno autonómico. Gracias a esta labor que realizamos, las comunidades autónomas están actuando con más agilidad, aunque como ya he dicho, AICA no tiene la competencia para sancionar estas prácticas.
–¿Se están consiguiendo los objetivos marcados? ¿Las sanciones tienen el efecto que pretenden?
-En los tres años que AICA lleva en funcionamiento, la Agencia se ha convertido en un organismo necesario y referente para el sector. Las organizaciones valoran la eficacia y rigor en nuestras actuaciones. Nos encargamos de vigilar las relaciones comerciales como establece la Ley de la cadena alimentaria y, además, controlamos la información de los datos suministrados por los sectores del aceite y del vino, los impagos a las organizaciones interprofesionales o el control de los operadores de las DOP e IGP supraautonómicas.
