El director general de Competitividad, Jorge Morro, analiza la entrada en vigor de la Junta de Arbitraje y Mediación, que permitirá agilizar y abaratar la resolución de los conflictos que surjan entre las partes. Era uno de los compromisos de la Ley Agraria
El lunes 3 de diciembre entró en vigor el decreto por el que se crea la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios en Castilla y León, uno de los órganos previstos en la Ley Agraria para introducir transparencia y seguridad en las compraventas del sector, como en el caso de las plataformas de competitividad productiva, el Observatorio de precios y el Defensor de la cadena alimentaria.
La constitución de la Junta de Arbitraje y Mediación, prevista para el 3 de enero, persigue agilizar la resolución de los conflictos que puedan surgir entre las partes, reducir los costes que conlleva la resolución, “mucho menores que los derivados de un proceso judicial”, e implicar activamente a las partes en la solución de la disputa.
¿Cuáles son sus objetivos?
Para Jorge Morro, el objetivo es el de “promover que la figura de la mediación o el arbitraje se utilice mucho más en los contratos agrarios que se celebren en Castilla y León”.
Entre las funciones del nuevo órgano se encuentran las de promover la colaboración con entidades, asociaciones e instituciones vinculadas al sector agrario con el objeto de facilitar que el acceso al arbitraje y la mediación, y la información sobre estas dos fórmulas, llegue a todos los profesionales del sector.
Además, está entre sus tareas la de proponer actuaciones “para fomentar y difundir estas fórmulas en los contratos agrarios”, además de “participar en el asesoramiento a los profesionales del sector agrario sobre el uso de estas prácticas”.
La nueva junta también se encargará de proponer a la Consejería de Agricultura y Ganadería las cláusulas que puedan introducirse en los contratos agrarios, así como participar en la formación especializada en contratos agrarios de los árbitros y mediadores. “Vamos a apoyar la formación de árbitros o mediadores en los conflictos, en una doble dimensión: la vertiente jurídica y la que supone conocer la realidad de la actividad agraria”, apunta el director general.
También facilitará a las personas interesadas la relación de árbitros y mediadores especializados en contratos agrarios.
Evitar la vía judicial
El espíritu que late detrás de esta inicitiva de la Consejería de Agricultura y Ganadería es la convicción de que debe animar al sector “para que pase del trato al contrato”. Evidentemente, “siempre existe la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria ante un desacuerdo o un conflicto, pero esa vía siempre será más sencilla para todos si existe un contrato firmado”. Y lo que pretende la Junta es “ir un paso más allá” y tratar de que cada vez haya más contratos que entre sus cláusulas prevean el recurso a la mediación y el arbitraje.
Un proceso más ágil y económico
Desde la consejería se destacan los beneficios del arbitraje y la mediación, en el sentido de que, por ejemplo, en la mediación siguen participando las partes contratantes hasta que se alcanza un acuerdo. “En ambos casos, mediación y arbitraje, el proceso resulta mucho más ágil y económico”, como recalca el director general.
¿Quién puede beneficiarse?
El trabajo por aumentar el número de contratos suscritos que prevean el recurso a estas vías está más que justificado, ya que solo se pueden acoger a ellas aquellos agricultores, ganaderos, operadores o industrias que lo hayan incluido expresamente. “Se trata de que esos agentes, al establecer y suscribir el contrato, tengan la convicción de que arbitraje y mediación valen la pena”, recalca Morro.
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