Definir la posición de dominio es clave para equilibrar la cadena alimentaria. AICA debe disponer de todos los medios de control necesarios y las sanciones tienen que ser disuasorias. Pide que la reforma de fiscalidad en la incorporación de jóvenes se aplique con carácter retroactivo
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos cree positivo el Real Decreto-Ley del Gobierno para modificar la ley de la cadena alimentaria en el que aprecia avances, pero considera que es mejorable es aspectos importantes.
Unión de Uniones señala que la referenciación de precios a los costes productivos y la obligación de los operadores de pagar al menos dichos costes para no destruir valor en la cadena, así como la publicidad de las sanciones firmes graves y muy graves son pasos que había que dar y que ahora deben desarrollarse y acompañarse de otras medidas y de los medios de control que garanticen su cumplimiento.
La organización valora que se planteen cuestiones que hasta hace muy poco el Gobierno consideraba inaplicables. “Nos hubiera gustado que esto se hubiera hecho mucho antes” explican desde la organización, “Es inevitable recordar las ocasiones en las que el Ministerio ha respondido estos años de atrás que era imposible cada vez que lo hemos pedido”.
En este sentido, y por lo que respecta a la función de AICA en la búsqueda de transparencia y sus competencias, Unión de Uniones pide que este organismo disponga de todos los medios necesarios para que pueda hacer frente a la persecución de incumplimiento y lograr que las multas que impongan sean realmente disuasorias.
No se protege al productor si no se define la posición de dominio
Asimismo, Unión de Uniones cree que se puede mejorar la tipificación de venta a pérdidas y, para ser completa esta modificación, faltaría también una definición de la posición de dominio que proteja de las transgresiones de la competencia derivados de la concentración de la distribución y la industria.
La organización recuerda que otros sectores estratégicos, como la energía, cuentan ya con una limitación que impide acaparar una cuota excesiva de mercado y recalca que en España cinco grandes cadenas de distribución copan el 55% del suministro agroalimentario. “Nosotros consideramos que atajar esto es clave” – señalan desde la organización. “No se protege al productor totalmente si no se define también la posición de dominio para poder perseguir los abusos”.
Igualmente, la Ley de la Mejora del Funcionamiento de la cadena alimentaria debería definir mejor su texto para transponer íntegramente la Directiva Europea Directiva (UE) 2019/633 y que queden claramente incluidas determinadas prácticas desleales como plazos de posible cancelación de contratos, amenazas y represalias comerciales y exigencia de pagos no pactados.
Incorporación de jóvenes
Unión de Uniones considera positivo, por otro lado, el cambio de tratamiento fiscal a las ayudas a la incorporación de jóvenes para que puedan declararse a lo largo de cuatro ejercicios. En aquellos casos en los que Hacienda lo consideraba un ingreso anual, la repercusión podía llegar a alcanzar hasta un 30% de la ayuda que el joven acababa devolviendo en forma de impuestos
Este problema se lleva arrastrando desde hace varios años, cuando con la nueva normativa europea de programación del PDR las administraciones regionales tuvieron que cambiar el modelo de concesión de estas ayudas. “Hemos denunciado que esto no era justo. Ahora lo que debería hacerse, además, es aplicarlo con carácter retroactivo, para no perjudicar a los jóvenes que se han incorporado estos años de atrás”.
