La organización agraria cree que la posición del partido puede ser determinante en la decisión que adopte el Gobierno
Se cumple una semana desde que la Comisión Estatal del Patrimonio Natural, a instancias del Ministerio de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera, votara a favor de incluir todas las poblaciones de lobo ibérico en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre). Tal hecho, implica revocar su catalogación como especie cinegética al norte del río Duero, medida que perjudicará enormemente el desarrollo de las tareas agropecuarias en las zonas afectadas. “Por ello, en el sector ganadero esperamos conocer qué posicionamiento mantendrá el Partido Socialista de Castilla y León, en tanto que integrante del partido que sustenta el Gobierno de la nación”, reseñan.
COAG Castilla y León cree que la posición del PSOE regional puede ser “determinante” en la decisión que finalmente adopte el Gobierno, dado que la votación del pasado jueves no es vinculante y es de exclusiva competencia suya aprobar o no la inclusión del lobo en el Lespre.
Por ello, la organización agraria reclama a Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León que se defina en este sentido. “Lo contrario, lo convertiría en cómplice de la ministra Teresa Ribera y del secretario de estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que han materializado por fin su idea, largamente acariciada, de prohibir la caza del lobo para atraer a un electorado verde y urbano a costa del sacrificio de la ganadería y del medio rural español”.
En los últimos días ha habido declaraciones y contradeclaraciones entre responsables políticos que se sientan en la misma mesa del Consejo de Ministros, siendo especialmente llamativo el enfrentamiento entre Teresa Rivera y Luis Planas, ministro de agricultura, quien se ha posicionado “del lado de los ganaderos”. Asimismo, los Ejecutivos de algunas comunidades autónomas, como Aragón o Baleares han llegado incluso a desautorizar públicamente a los responsables de haber votado a favor de la iniciativa del Ministerio de Transición Ecológica en respuesta a las presiones de colectivos animalistas.
Teniendo en cuenta el ajustadísimo margen resultante de la votación -de cuyo procedimiento caben dudas legales según los servicios jurídicos de las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León, Cantabria y Galicia, que ya preparan recursos en contra-, y dada la división existente en relación a este tema, es clave que desde los territorios, y máxime desde el que alberga el 60% de todos los lobos que hay en España, “lleguen mensajes rotundos para inclinar la balanza hacia el sentido común, y evitar que la medida propuesta por la Comisión de Patrimonio Natural llegue a publicarse en el BOE”.
