El calendario de controles abarcará dos fases, la primera de octubre a diciembre de este año. En diez días se deberá aportar el resumen de cantidades de uva entregada, las fotocopias de albaranes o tickets de báscula, contratos con bodegas y cooperativas…
La Agencia de Información y Control Alimentario (AICA), que es el organismo estatal encargado de velar por el cumplimiento de la Ley 12/2013 de Mejora de la Cadena Alimentaria, va a realizar esta campaña inspecciones a unos 400 viticultores en toda España
para verificar que se han hecho los correspondientes contratos y que se han abonado los pagos y liquidaciones en los plazos que se marca la ley.
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos recuerda que es importante que los viticultores que reciban el requerimiento de la AICA “aporten la documentación que se les requiera, toda vez que en caso de no existir contrato ellos no serán los sancionados, pero si es una infracción no suministrar a la Agencia los datos que pida”.
Dentro del Plan de Control 2015 de la AICA, este órgano va a llevar a cabo un muestreo de inspecciones durante la presente vendimia y el inicio de la campaña vitícola al objeto de comprobar el cumplimiento de la Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria en cuanto a existencia de contratos y cumplimiento de plazos de pago.
El calendario de controles abarcará dos fases, la primera de octubre a diciembre de este año en la que se seleccionarán 400 viticultores de toda España, distribuidos por Comunidades Autónomas en función de la superficie de viñedo, que recibirán un requerimiento de la AICA para que en diez días aporten el resumen de las cantidades de uva entregada, las fotocopias de los albaranes o tickets de báscula y, para los que hayan entregado uva a bodegas privada o cooperativas de las que no son socios, las fotocopias de los correspondientes contratos.
Una vez que la AICA examine la documentación recibida de los viticultores, según explican desde Unión de Uniones, se inspeccionará a las bodegas a las que éstos han entregado uva, levantando el correspondiente acta de los incumplimientos e infracciones detectados que pueden dar lugar a propuestas de sanción.
La segunda etapa del programa de controles abarcará de febrero a agosto de 2016, en donde se realizarán inspecciones sobre una selección de bodegas para comprobar las liquidaciones y plazos de pago en base a las facturas, albaranes, justificantes de pago y, en su caso, pliego de condiciones de la Denominación de Origen. “Si la AICA detecta incidencias podrá realizar controles cruzados con los viticultores para confirmar las liquidaciones y pagos efectuados por la bodega”.
Unión de Uniones recomienda a los viticultores que, tanto en la primera como en la segunda fase, “se colabore con la AICA y se le proporcione la información solicitada por la Agencia, ya que en caso de que exista incumplimiento de la Ley en cuanto a existencia de contrato, la posible sanción no recaería en ningún caso sobre el productor primario (el viticultor)”, sin embargo insisten en que “no atender a la Agencia y no suministrar la información requerida sí que constituye una infracción, en principio leve, que puede acarrear una multa de hasta 3.000 euros”.
La organización considera que este es un paso de cara a la normalización de las relaciones comerciales en el sector vitivinícola que, tradicionalmente, ha adolecido en muchas zonas productoras de una ausencia total de garantías para los viticultores en cuanto a la seguridad del precio a percibir y del plazo de pago.
