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viernes, diciembre 9, 2022
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Editorial CAMPO 60. Ya está bien de indefensión

Máximo Gómez, director de CAMPO

La actualidad del campo sigue pasando por las fincas, por las granjas, por los laboratorios y por los despachos, como corresponde a una actividad rica y compleja que requiere conocimiento, innovación y decisiones firmes por parte de la Administración.

Esta vez, tristemente, la atención del sector también está en los tribunales. La Audiencia Provincial de Valladolid debe pronunciarse el 24 de octubre sobre la reclamación presentada por la CHD en cuanto a la prescripción de la capacidad del regante de aguas subterráneas para que se le reconozca su derecho a inscribir la titularidad del aprovechamiento de aguas privadas extraídas a través de un sondeo en el catálogo de aguas privadas de la CHD. Nos referimos a aquellos agricultores que trabajaban amparados por la autorización que les dio el departamento de Minas, competente en aquel momento, y a los que 40 años después se les comunica a través de una sanción más que onerosa que deben pagar por incumplimiento y daño al dominio público, además de dejar inmediatamente de regar. Vamos, “que se dediquen a otro cosa”.

Cientos de demandas han sido presentadas en los juzgados de nuestra comunidad para reclamar el reconocimiento de ese derecho, cientos de miles de euros que salen de los bolsillos de los agricultores, para que de acuerdo a la ley puedan regularizar su situación. Pero esto no es suficiente para la CHD, que recurre cada sentencia ante las audiencias provinciales y quién sabe si ahora también ante el Supremo. Eso sí, con dinero público es más fácil llegar hasta el final.

La cuestión puede parecer compleja y con mil aristas si la observamos desde el punto de vista jurídico, aunque para quienes nos sentimos involucrados en el caso no hay margen para la duda: hay cientos de explotaciones que giran en torno al regadío, con cuantiosas inversiones en infraestructuras de riego, en naves, en maquinaria. Con titulares que se han acogido a planes de mejora, o de incorporación a la actividad agraria, que se han beneficiado de ayudas europeas concedidas por la Junta, y que por esta circunstancia no podrán cumplir sus compromisos y tendrán que devolver esas ayudas, el pívot, el tractor… Menuda broma.

¿Cuál es el mensaje? ¿Que desde las administraciones se ha ayudado a explotaciones ilegales? Lo cierto es que no solo estamos ante una situación injusta, sino también absurda, en la que parece que nadie sale bien parado. Empezando por la Administración central, con una Fiscalía y una Abogacía del Estado que ven en el ciudadano no a un titular de derechos, sino a un enemigo a batir.

Corren malos tiempos para la identificación entre ciudadanía y administraciones, como es bien sabido. Por eso no se entiende la cerrazón en seguir apretando las tuercas a unos profesionales del campo (cientos, si no miles) que han actuado convencidos de que los asistía la ley.

Urge que de una vez por todas la Administración central tome cartas en el asunto, escuche al sector e incluso a la propia Junta, que a través de la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, instó al anterior presidente de la CHD a abrir un periodo de regularización transparente y definitivo.
Ya está bien de indefensión.

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