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jueves, marzo 28, 2024
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El Supremo confirma la anulación del decreto sobre condiciones ambientales mínimas para explotaciones ganaderas

UPA lamenta la decisión adoptada por el Tribunal Supremo  de no admitir el recurso contra la sentencia del TSJ que anulaba el decreto sobre condiciones ambientales mínimas para explotaciones ganaderas.

El consenso entre Gobierno regional y organizaciones agrarias era total para que las explotaciones familiares estuviesen sujetas a una actuación absolutamente legal  y práctica como es la mera comunicación para cumplir los requisitos ambientales, y no fuera necesaria la autorización previa que requieren las explotaciones de mayor tamaño, porque ello genera más burocracia e impedimentos para implantar un modelo agrario de tipo  familiar.

“Nuestra organización lamenta que una vez más se mire para otro lado, se pongan trabas legales y se dé la razón a determinados grupos de presión que vuelven a cargar contra todo lo que significa la agricultura y ganadería de tipo familiar, que es mayoritaria en nuestra comunidad autónoma”, señalan desde UPA.

En este sentido, denunciamos a quienes con sus actuaciones siguen respaldando  campañas de desprestigio contra la actividad ganadera,  responsable y fundamental en el asentamiento de población en el medio rural, a la que irresponsablemente se le achacan todos los males medioambientales.

UPA exige sentido común y responsabilidad que debe traducirse en permitir la aplicación de unas normas más flexibles para la actividad agraria, que es cumplidora a rajatabla de los máximos estándares de protección, calidad, garantía y respeto medioambiental.

La organización pide “respeto” para el sector agrario y un compromiso real con  los agricultores y ganaderos titulares de explotaciones familiares que siguen en la calle en estas fechas reclamando lo que es de justicia, puesto que estas son las que sufren más directamente las consecuencias de una cadena agroalimentaria que atenta actualmente contra los intereses del sector primario.

UPA reclama también a los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León que actúen “con toda contundencia legal y argumental” para que el sector profesional agrario no siga recibiendo varapalos judiciales, puesto que es el que sufre en primera persona las actuaciones de quienes quieren poner fin a la actividad ganadera en nuestra región.

 “Sin agricultores y sin ganaderos no existirá ni el pueblo ni el campo tal como lo conocemos. Solo habrá abandono, maleza, fauna incontrolada y la alimentación de la población dependerá, en algunos casos, de terceros países sin las normas de calidad y garantía alimentaria que tenemos aquí”,  denuncia Aurelio González, secretario general de UPA Castilla y León.

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