La Renta Agraria total, en términos reales durante el año 2022, ha experimentado una importante caída del 8,7% respecto a 2021, según la 1ª estimación de la renta agraria publicada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Si comparamos la renta agraria real de 2022 con la de la media de los últimos cinco años (2018-2022) podemos observar que se encuentra un 6,4% más baja. Observando la evolución en términos reales, la renta agraria está un 11,5% por debajo de los niveles de 1990, tal y como se observa en el análisis realizado por el Departamento de Economía Agraria de COAG.
El descenso en la renta agraria se debe principalmente a que el crecimiento del Valor de la Producción (que alcanza un nuevo récord hasta los 63.770,2 millones de euros), no compensa el impresionante ascenso del coste de los insumos. Producir hoy es un 29% más caro que hace un año y un 71% que hace una década. Los incrementos más significativos durante el año que toca a su fin los encontramos en fertilizantes (62%), energía y lubricantes (50%), piensos (35%) y productos fitosanitarios (20%).
La producción vegetal creció un 4,2%, debido a que, a pesar de que sufrió un fuerte descenso en el volumen producido (-14,7%), fue compensado con el crecimiento de los precios (+22,1%). En la producción ganadera se incrementa el valor un 24,5% debido al aumento de los precios en la misma cuantía, mientras que el volumen producido se ha mantenido sin variaciones respecto a 2021. Todas las producciones agrícolas y ganaderas presentan incrementos en el valor final, excepto en el caso de las frutas en las que el aumento de precio no ha compensado la caída de producción.
Además, esta difícil coyuntura ha supuesto un retroceso del 4,4% en el número de activos agrarios (- 40.000 UTAS en 2022), y nos situamos en niveles inferiores a la pandemia, dato que contrasta con la tendencia general al aumento de ocupados del conjunto de la economía española.
El mayor incremento en los costes de producción de los últimos 50 años
El incremento de los costes de producción agropecuarios es el elemento más destacado del panorama agrario en 2022 según el balance del año de COAG: “Se trata de un incremento de costes de tal magnitud que no existen precedentes del mismo en los últimos 50 años”. Según los datos del Ministerio de Agricultura los costes de producción se han incrementado un 55% en los dos últimos años (desde enero de 2021 a agosto de 2022), tal como puede apreciarse en la siguiente gráfica.
Los costes de la producción agraria comenzaron a subir a partir de enero de 2021, pero la tendencia se aceleró en los meses de verano y terminamos con un incremento interanual del 30% en diciembre 2021. En 2022, el incremento interanual ha alcanzado el 40% a mediados de año debido al impacto acumulativo que ha supuesto la guerra en Ucrania.
Esta situación, según COAG, lleva a dos riesgos fundamentales: el alza del precio de los alimentos para la población, tendencia que comenzó antes de la guerra de Ucrania y que ahora se ha agravado trasladándose a los lineales de los supermercados, y la incertidumbre para los agricultores.
Los altos costes de producción, sostienen, abocan a los agricultores y ganaderos a un elevado riesgo financiero si se llegase a producir una caída de los precios al productor en las cosechas de 2023. Esto lleva a los agricultores a extremar la prudencia porque además se están elevando los tipos de interés y dificultando el acceso al crédito. El problema es que un descenso de la producción presionaría los precios y la inflación al alza. La llegada de una crisis económica tendría también importantes impactos en los mercados y el comportamiento del consumidor, así como la evolución del tipo de cambio €/$. “El escenario es tan volátil que es difícil hacer predicciones sobre cómo estaremos dentro de un año”, resumen.
Los efectos del cambio climático
COAG valora el año climático como “muy complicado” desde el punto de vista de los daños sobre las producciones agrícolas y ganaderas. Los efectos del cambio climático cada vez son más patentes sobre el campo y tienen implicaciones directas sobre la viabilidad de las explotaciones de las personas del sector. Las caídas en las producciones han sido bastante generalizadas, desde la fruta de hueso, la almendra (en la que ya la previsión fue de un 30% inferior al año anterior) o los cítricos (-13% de aforo frente a la media de las últimas 5 campañas), pasando por los cereales de otoño-invierno (hasta un 26% menos de producción respecto al año anterior), hasta las producciones de olivar (hasta un 50% menos que la campaña anterior en algunas zonas, como Andalucía) o de uva para vinificación.
A comienzos del mes de abril se produjeron graves heladas que afectaron a amplias zonas de producción, pero también afectaron a los cultivos la calima y el polvo sahariano, así como las lluvias persistentes que generaron múltiples daños en diversas zonas productoras. A esta situación, hay que sumar otros eventos como los incendios que afectaron a muchas áreas, generando importantes pérdidas para personas agricultoras y ganaderas.
La situación en verano se agravó por los efectos de la profunda sequía. El estrés por falta de agua y calor redujo los rendimientos en los cultivos de secano hasta en un 80%. Olivares y viñedos sufrieron paradas vegetativas y graves problemas de cuajado de fruto, lo que ha derivado en reducciones sustanciales de las cosechas. En regadío, las restricciones de agua condicionaron las siembras de los cultivos habituales en las cuencas del Guadiana, Guadalquivir y Duero. Se redujo un 90% la superficie de arroz en Extremadura y el tomate para industria se sustituyó por girasol, con menores necesidades hídricas.
En los sectores ganaderos se dispararon los costes por un uso mayor de la refrigeración, una menor tasa de transformación de pienso a carne, menos peso de los animales alcanzado en el mismo tiempo de los ciclos, dificultad de acceso a pastos por la sequía y necesidad de llevar agua a los animales de extensivo para que puedan hidratarse, puesto que se secaron numerosas charcas y puntos de suministro de agua.
La nueva PAC
Para COAG, la Reforma de la PAC, que entrará en vigor en 2023, no es justa ni social y acelerará el proceso de desaparición de las pequeñas y medianas explotaciones del campo español y europeo. La nueva arquitectura verde cae como una “pesada losa” sobre el modelo social y profesional agrario, aumentando los costes de producción y la consiguiente pérdida de rentas en el sector y agravando aún más la competencia desleal de terceros países. Desde COAG defienden la sostenibilidad ambiental pero unida a la económica y social.
El Plan Estratégico de la PAC que ha preparado el Ministerio de Agricultura también ha resultado decepcionante para la organización agraria, “España desaprovecha el amplio margen de actuación que tiene para respaldar el modelo profesional y social agrario mayoritario en nuestro país”, afirman.
Para ellos, la definición de agricultor activo abre la puerta en la priorización de las ayudas a los perceptores que no ejercen una actividad agraria significativa, lo que perjudica a los agricultores cuyos ingresos provienen principalmente de su actividad agrícola. En el caso del pago redistributivo, así como en el caso de otras medidas, se debería beneficiar y no perjudicar a los agricultores profesionales, que dependen en mayor grado de los ingresos agrarios, algo que sucede justo al revés.
“La condicionalidad reforzada, que liga el 40% del presupuesto de la PAC a la lucha frente al cambio climático y al cuidado del medio ambiente, o la condicionalidad social y los eco esquemas, no son instrumentos suficientes para de mayor sostenibilidad social y medioambiental”, defienden.
Además, COAG cree muy difícil que a través de las prácticas medioambientales se logre un cambio de rumbo hacia un modelo de mayor sostenibilidad en todos los sentidos que impida el avance del proceso de uberización del campo español y europeo.
