Unión de Uniones critica que el Consejo de Ministros de la UE pase la patata caliente de los principales aspectos de la PAC a los Estados
Las organizaciones agrarias no están descontentas. Asaja Castilla y León valora, “que por fin”, esta madrugada los ministros de Agricultura de la Unión Europea hayan logrado alcanzar un acuerdo sobre las reglas de la Política Agrícola Común (PAC) que entrará en vigor en 2023 y marcará las reglas para el sector agrario europeo en esta década. También desde UPA se han mostrado esperanzados en que el consenso alcanzado sea para bien.
“Lo que vamos conociendo del acuerdo no nos suena mal”, confiesan desde UPA. “Ya solo el hecho de que haya acuerdo es positivo, en estos tiempos de enormes incertidumbres”, añaden.
El debate ha sido ajeno al capítulo presupuestario, ya fijado en el marco financiero plurianual, pactado entre jefes de estado y gobierno, cuantificado en 47.724 millones de euros para España. Como ya ocurrió en la anterior reforma, se determina un importe similar al que había (en términos corrientes, no constantes). Lo fijado son las líneas básicas de la nueva PAC.
Ecoesquemas
Se destinará como mínimo un 20% de los fondos a los conocidos como ‘ecoesquemas’, cuyo propósito es beneficiar al clima y al medio ambiente. Asaja es muy crítica con este punto, “puesto que no queda probado que la aplicación de estos ecoesquemas garantice una mejora medioambiental. Hay serias dudas sobre la efectividad de unas medidas que por el contrario restan competitividad a la agricultura europea, que tiene que competir en un mercado globalizado”, señala Donaciano Dujo, presidente de Asaja Castilla y León. El 60% de los pagos directos se destinarán a apoyar la renta de los agricultores y ganaderos.
En la organización agraria consideran que esta nueva PAC 2023-27 será la que más capacidad de decisión otorgue a los Estados miembro, “por lo que la mayor parte de las decisiones relevantes para los agricultores y ganaderos quedarán en manos del ministro y los responsables de Agricultura de las comunidades autónomas”.
La Junta, hasta un 15%
Por su parte, el consejero de Agricultura y Ganadería de Castilla y León, Jesús Julio Carnero, ha recalcado que desde la Administración regional estaban pidiendo “que fuera como mucho fuera un 15%” el porcentaje de fondos dedicados a los ‘ecoesquemas’; cinco puntos menos de lo acordado esta noche. “Vamos a ver cómo siguen evolucionado las correspondientes negociaciones”, ha manifestado.
“Seguimos manteniendo desde Castilla y León de que se acometan unos ‘ecoesquemas’ desde la prudencia. Nos parece fundamental porque van a ser voluntarios para nuestros agricultores. Esa práctica no está todavía divulgada en el conjunto de la agricultura española y por eso estamos demandando una prudencia a la hora de aplicarlos. Nos parece muy positivo que se den dos años de flexibilidad”, defiende Carnero, que considera que queda aún mucho camino por recorrer hasta que Consejo, Comisión y Parlamento den forma definitiva a la PAC
De estos acuerdos dependerá el futuro Plan Estratégico de la PAC para España que determinará puntos clave, a juicio de Asaja, como:
- La definición de la figura del ‘agricultor genuino’, que es el que tendrá derecho a percibir las ayudas.
- Si las ayudas directas se abrirán a nuevos sectores, como el caso de la agricultura mediterránea (Asaja Castilla y León ya mostró su disconformidad sobre esto).
- El sistema de convergencia de las ayudas y la desaparición de los derechos de pago básico.
- La ayuda redistributiva, los fondos que se dedicarán a ella y hasta qué límite se percibirá.
- Sectores que se van a beneficiar de las medidas asociadas y en qué importe.
- La fijación de los diferentes ecoesquemas, qué medidas de mejora del clima y medio ambiente serán pertinentes.
- Importe máximo de ayuda por explotación, y posible degresividad de las ayudas en determinados importes.
La nueva PAC establece medidas para jóvenes productores y para pequeños agricultores y ganaderos. Los primeros podrán beneficiarse de una contribución de hasta 100.000 euros para iniciar su actividad, mientras que los segundos se beneficiarán de una mayor simplificación burocrática y de una exención de los recortes en los pagos directos para la reserva anticrisis.
“En resumen, un acuerdo que no suena mal a los pequeños y medianos agricultores y ganaderos españoles, que contribuirá a avanzar en la línea de lo que marca el Green New Deal europeo sin menoscabar la renta de los productores, y que seguirá ahora su proceso con la votación, este viernes, de la posición del Parlamento Europeo que dará paso después a los llamados trílogos entre Parlamento, Comisión y Consejo”, reseñan en UPA.
Un proceso para el que esta organización agraria reclama a todas las Administraciones que sean “muy conscientes” de la realidad del campo y de los efectos decisivos que esta política tiene en la vida y la economía de los agricultores y ganaderos y del medio rural, así como en la alimentación de toda la sociedad.
Margen de maniobra
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, en un primer análisis de lo acordado por el Consejo de Ministros de la UE sobre la PAC 2023-2027, considera que se han descafeinado elementos importantes, otorgando un amplio margen de discrecionalidad a los Estados miembros, para otorgar y distribuir las ayudas de la PAC. La organización agraria seguirá insistiendo en que se enfoquen hacia los agricultores y ganaderos profesionales.
Unión de Uniones recuerda que este acuerdo no es definitivo y deberá ir a negociación con la posición del Parlamento, que también se ve esta semana y con la Comisión. No obstante, la orientación del Consejo, sobre la base de los documentos de compromiso de la Presidencia alemana, permitiría a los gobiernos nacionales un amplio margen de maniobra para decidir sobre su PAC.
En este sentido, el Consejo propone modificar el apartado relativo a la definición de agricultor genuino y donde anteriormente la Comisión proponía que quedase garantizado “que no se conceden ayudas a la renta a aquellos cuya actividad agraria constituye solo una parte insignificante de la totalidad de sus actividades económicas, o cuya principal actividad económica no sea agraria”, propone eliminar este apartado y que los Estados definan al agricultor genuino “conforme a criterios objetivos y no discriminatorios” si ellos lo consideran oportuno.
