ASAJA Soria, dentro del plazo, acaba de presentar a través del registro oficial el recurso con el que se da inicio al procedimiento de impugnación del estado de alarma tal y como se hizo público por la Consejería de Medio Ambiente y que contenía la prohibición del cosechado en el monte o en las parcelas aledañas; que en esta provincia es prácticamente todo.
El día 15 de julio la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Consejería de Medio Ambiente dictó una resolución por la que se declaraba la situación de alarma por riesgo meteorológico de incendios forestales, que incluía las restricciones del cosechado del 16 a 19 de julio.
La junta directiva de ASAJA Soria, reunida el mismo día 15 tan solo unas horas después, se opuso a esta restricción y pidió que no se prohibieran las operaciones vinculadas a la siega. Además, consideraba que se vulneraban derechos fundamentales como el del trabajo y el de libertad de movilidad, al imponerse una prohibición que no debería haber pasado de recomendación de máximas precauciones; medidas que siempre entran dentro de la rutina habitual de la recolección en el verano por parte de los agricultores.
“A la vista de que públicamente ni un solo partido político español, castellano leonés o provincial, tomara parte o hiciera declaraciones para apoyar la idea de que el derecho del agricultor a recoger su fruto debe estar por delante del general ante el riesgo de incendios, deja a los tribunales como principal vía de acción sindical para defender lo que creen su derecho” afirman desde Asaja.
Por ello, la OPA decidió ese mismo día impugnar, si es necesario, incluso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León la resolución, y a la vez creyó necesario poner en marcha la posibilidad legal de coordinar las reclamaciones de responsabilidad patrimonial -ante la administración- de todos los socios de ASAJA Soria por los daños y perjuicios que la decisión les haya podido causar por el retraso impuesto de la cosecha.
Para esta acción conjunta, ASAJA considera imprescindible la recopilación de todas las justificaciones o pruebas que demuestren la existencia de daños, como pérdida de cosecha por siniestros posteriores (entre otros, pedrisco, incendio y caza demorados por el retraso obligado en la cosecha), gastos en restauración y hoteles de los profesionales contratados, así como la maquinaria contratada que no dispone de tiempo ilimitado, seguridad social, etcétera.
La organización ha mantenido que es imposible no asumir el riesgo que supone la cosecha del cereal en plena época estival, “pues no hay otro modo de hacerlo”, recalcan. En este sentido, ASAJA Soria considera que estas restricciones criminalizan al sector al prohibir su actividad, a pesar de que “el agricultor pone siempre el máximo cuidado”.
Además, no entienden que a la vez no se prohíba (ya que solo se recomienda) evitar hacer actividades de ocio o circular con vehículos a motor por el monte y sus inmediaciones, que tan graves incendios han ocasionado. Asimismo, defienden que la consideración de monte que hace la Consejería de Medio Ambiente para estos casos y para otros es “absolutamente desproporcionada e incompresible”, al considerar que monte es cualquier cosa que no sea recinto agrícola o urbano. El Gobierno foral de Navarra, por ejemplo, distingue las restricciones a las parcelas conexas a masas forestales de más de 10 hectáreas de extensión.
El esfuerzo de todo un año, en vilo
La resolución de prohibición desconocida tan solo hace unos años, por desgracia, se va generalizando en las últimas cosechas y extendiéndose en el tiempo. “Cuatro días de prohibición completa son una barbaridad”, opinan desde la organización, “cuestión que hace pensar que esto por efecto del cambio climático irá a más pues como decimos el recurrir a la prohibición y al arrinconamiento social es más barato que mantener cortafuegos, los dispositivos oportunos y la limpieza de montes”, añaden.
Por esta razón, la junta directiva de ASAJA Soria ha decidido poner en marcha el sistema jurídico para todos sus asociados de todos los daños que se pudieran generar. “No se entiende la prohibición, ni que puesto que se ahorran dinero utilizando esta sencilla vía la resolución no garantice a la vez los ingresos de los agricultores, a los que se les expone a un gran riesgo de ruina total por la imposibilidad de acometer las labores para recoger sus cosechas”, sentencian.
