Una vez publicado el RD que regulara la PAC durante los años 2021 y 2022, y tras ser analizado por la junta directiva de la Asociación Española de Productores de Vacuno de Carne (Asoprovac), estiman que las consecuencias económicas y jurídicas son “demasiado importantes” para el sector vacuno de carne. Por ello, han acordado de forma unánime pedir al Gobierno su retirada
También han tomado la decisión de recurrirlo judicialmente, solicitando además la adopción de la medida cautelar consistente en la suspensión de la vigencia del apartado cinco de la disposición final primera del Real Decreto impugnado, por el que se modifica el art. 11 del RD 1075/2014 relativo a la actividad agraria a realizar en pastos permanentes hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento. Todo ello “por los perjuicios de imposible o difícil reparación que su aplicación ya causaría a miles de ganaderos de vacuno de carne”.
Asoprovac estima que los cambios introducidos en las condiciones de admisibilidad de las ayudas de la PAC por el gobierno español pueden excluir de facto del sistema de ayudas a los ganaderos de vacuno en la campaña 2021, generando pérdidas en el sector de más de 50 millones de euros.
Reitera además que se trata de una medida que puede afectar al mantenimiento de la renta y de las inversiones de empresarios y trabajadores “tras dos años de enormes dificultades económicas y como tal, debería haber estado precedida de una preceptiva consulta y profundo debate, y no aprobarse de forma precipitada como ha sucedido en este caso”.
La asociación recuerda que el sector vacuno de engorde es un sector profesional, con actividad real, del que viven alrededor de 150.000 familias de forma directa y 1.000.000 de personas de forma indirecta. Sin embargo, su competitividad es muy dependiente de la política agraria común y su supervivencia en un mercado único cada vez más globalizado podría estar en juego en ausencia de un apoyo especifico. Las consecuencias serán la desaparición primero de ganaderos pequeños y medianos del país y posteriormente el crecimiento de la intensificación e integración de los restantes, en total incoherencia con lo que la actual sociedad está demandando y lo que supuestamente este gobierno y la comisión están promulgando.
