Ricardo Ortega
Agricultores y ganaderos de Castilla y León tienen este año varias citas electorales, con la oportunidad que ello supone para influir en las políticas que afectan a su actividad profesional, a la configuración del territorio y al papel que corresponde al medio rural dentro de la España del siglo XXI.
La primera cita es el domingo 12 de febrero, con una nueva consulta a los productores, aunque oficialmente ya no se hable de ‘elecciones agrarias’.
La segunda será el 28 de mayo, cuando se renovarán los 2.248 municipios de la comunidad y las 9 diputaciones provinciales.
La tercera ocasión, como es sabido, llegará a finales de año con las elecciones generales, una jornada que será determinante sobre la continuidad del ministro Luis Planas, pero también de otras figuras envueltas en la polémica, como la del ministro de Consumo, Alberto Garzón.
Contraste entre modelos
Los primeros días de la campaña electoral para el 12 de febrero fueron de guante blanco, aunque después han sido inevitables los reproches y pullas entre los responsables de las diferentes organizaciones agrarias.
Las críticas han tenido que ver con la actitud en las mesas de negociación y en las movilizaciones de los últimos meses, que no han sido pocas.
Asaja se presenta a este proceso consultivo con la defensa de su modelo de explotación profesional y empresarial. Donaciano Dujo ha llegado a decir “nos somos sociales; somos empresarios” y ha vinculado la apuesta de la Alianza UPA-COAG por las explotaciones familiares con los pagos compensatorios de la nueva PAC, que penalizan a los grandes propietarios.
Por su parte, UCCL reivindica una independencia política con mayúsculas y defiende que cada paso dado, cada propuesta, ha sido fruto del acuerdo entre sus socios. “Somos una herramienta en manos del productor”, apunta González Palacín, quien se sale del discurso dominante cuando lo considera necesario.
Por ejemplo, defiende que la mayor regulación del recurso hídrico, que su organización defiende, debe servir para consolidar el regadío actual, no para ampliarlo.
Qué se vota el 12 de febrero
Los profesionales de la agricultura y la ganadería deciden el domingo qué organizaciones representan sus intereses ante los poderes públicos, y en algunos casos ante otras entidades, como la industria.
En cada provincia se considerarán organizaciones más representativas aquellas que obtengan al menos un 20% de los votos, mientras en el ámbito de la comunidad serán consideradas más representativas aquellas que logren al menos un 15%.
Conseguir la condición de organizaciones agrarias más representativas supone que serán interlocutoras de los profesionales a través de su integración en los órganos de asesoramiento y participación: ocuparán las vocalías correspondientes en función de los votos obtenidos.
En el ámbito de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural estos órganos son el Consejo Agrario, los consejos agrarios provinciales, la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria, el Comité Asesor Agroalimentario y las mesas sectoriales que puedan constituirse.
Otras entidades son el Consejo Asesor de Estadística, de la Consejería de Economía y Hacienda; el Consejo de Políticas Demográficas; el Consejo Regional de Medio Ambiente; la Sección de Igualdad de Oportunidades del Consejo Regional de Mujer, y el Consejo Económico y Social.
Cámaras agrarias provinciales
Los resultados también se aplicarán para determinar la Presidencia, el Pleno y la Comisión Delegada de las cámaras agrarias de Ávila, Burgos, León, Soria, Valladolid y Zamora. De este modo, desaparecieron hace ya tiempo las cámaras de Palencia, Segovia y Salamanca.
Quiénes pueden votar
Pueden votar las personas físicas que, como consecuencia de su actividad agraria, estén inscritas en el registro de explotaciones agrarias.
También las personas jurídicas que tengan por objeto la actividad agraria y que estén inscritas en los registros de explotaciones agrarias, de cooperativas o de sociedades agrarias de transformación (SAT).
El censo provisional de electores recoge 33.545 personas físicas y 5.219 personas jurídicas.
Qué pasó en 2018
El análisis de los resultados se realizará en función de las diferentes actitudes que las organizaciones agrarias han mantenido en el último lustro, pero también en comparación con lo que se votó entonces.
En 2018, Asaja ganó la consulta con el 42,3% de los votos y confirmó su condición de más votada en las provincias de León, Soria, Palencia y Salamanca.
La Alianza por la Unidad del Campo (integrada por UPA y COAG) recibió el 30% de los apoyos y fue la que consiguió mayor respaldo en Zamora.
En tercer lugar, UCCL cosechó el 26% de los votos y fue primera fuerza en Ávila, Valladolid, Burgos y Segovia, aunque su respaldo en las demás fue muy exiguo.
La participación fue del 64,85%, frente al 66,17% de 2012.
Como muestra, Asaja ha contado estos años con tres miembros en el Consejo Agrario de Castilla y León, la Alianza ha conservado sus dos puestos y UCCL, el suyo.
En el repaso por provincias, Asaja fue la única organización que conquistó la condición de más representativa en los nueve territorios. La Alianza la obtuvo en seis y UCCL, solo en los cuatro territorios en los que ganó.
