La industria sigue sin reconocer el incremento de los costes del ganadero, que sigue percibiendo el mismo precio por su leche. 65 explotaciones ganaderas han cerrado en un año en Castilla y León
La subida de los precios del cereal y otros productos agrarios se contempla como una coyuntura favorable para los agricultores, pero se trata de una moneda de doble cara y está amenazando la continuidad de buena parte de la cabaña ganadera.
El encarecimiento de la alimentación es lo que más está influyendo en la falta de rentabilidad de las granjas, ya que “las industrias siguen sin reconocer esta subida y no la están trasladando a los contratos lácteos con precios que compensen los costes de producción”, denuncia Francisco Fernández, director de Agaprol, la principal organización de productores de leche (OPL) de España.
Mientras suben las materias primas, los precios se mantienen o suben ligeramente, “pero nunca al nivel del crecimiento de los costes de producción”, lamenta. Esta situación provoca que los ganaderos “estén vendiendo a pérdidas, lo que hace insostenible su continuidad”.
Cada día más exigencias
Si a esta situación económica se le añade la alta exigencia legal en cuestiones como el medio ambiente o el bienestar animal, “junto a la propia situación del medio rural”, el resultado es que la continuidad de las explotaciones será muy difícil.
En Castilla y León hay 917 ganaderos de vacuno que entregan su leche a la industria, lo que supone un 13% del total de España. En producción, la comunidad es la segunda de nuestro país, solo por detrás de Galicia. “Especial atención merece el hecho de que durante el último año han sido 65 las explotaciones que han tenido que cerrar y casi 500 lo han hecho durante los últimos cinco años”, recalca Fernández.
La leche se entrega a la práctica totalidad de grandes industrias lácteas presentes en España, además de numerosas industrias de menor tamaño, como las fábricas de queso.
Entre las que más recogida tienen en Castilla y León cabe destacar Lactiber, Pascual, García Baquero, Entrepinares, Danone o Lactalis. En estos momentos Agaprol negocia con esa industria los contratos de casi 300 ganaderos en Castilla y León y de unos 600 que trabajan en las nueve comunidades donde la OPL cuenta con asociados.
Este trabajo trata de compensar una realidad lamentable para los productores: la pandemia ha provocado un mayor consumo de productos lácteos y, de hecho, sus precios han subido durante el último año. Sin embargo, eso no se ha trasladado al precio que los ganaderos reciben por su producción, lo que demuestra que “continúan siendo el eslabón más débil de la cadena”.
Sin fatalismo
Todo ello no significa que el sector haya caído en el desánimo. Las granjas están cada vez más profesionalizadas, como demuestra que Castilla y León cuente con el 8% del total de ganaderos, que entregan el 13% del total de la leche producida. “Aquí se trabaja mucho con forrajes autóctonos y buena parte del maíz también procede de la propia comunidad.
Eso permite que tradicionalmente se produjera leche de gran calidad de forma muy competitiva”, recalca el director de Agaprol. La soja, por su parte, procede de terceros países y ello hace que la alimentación siga dependiendo en buena medida de los precios de las materias primas a nivel mundial.
La alimentación de los animales supone un 60%-65% del total de los costes de producción de una explotación. Esto provoca que el mercado global afecte directamente a las granjas de cualquier rincón de la comunidad y que la rentabilidad se resienta sustancialmente. “Si la industria y la distribución no tienen en cuenta esto seguirán cerrando granjas”, alerta Fernández.
¿Existen herramientas para paliar esta situación? España dispone de una normativa muy clara con respecto al vacuno de leche y a la cadena alimentaria pero la Administración no dispone los mecanismos suficientes para que se cumpla, según el responsable de la organización de productores.
La última Ley de Medidas Urgentes para la Agricultura y la Ganadería, de 2020, hace referencia a los costes de producción y a un informe que el ministerio elaboraría y haría público sobre la cadena de valor en el vacuno de leche. “Sin embargo, ese informe sigue en un cajón sin hacerse público”, denuncia Fernández.
