En 1 de enero llegaba la nueva PAC, que se aplicará durante el periodo 2023-2027. Cinco años ha costado sacar a delante unos textos legales con los que Europa pretendía fomentar un sector agrícola competitivo y diversificado para garantizar la seguridad alimentaria, apoyar y proteger el medio ambiente, el clima y la biodiversidad, así como fortalecer el tejido socioeconómico del medio rural.
Pero la sostenibilidad ambiental ha eclipsado el resto, dejando el objetivo social y sobre todo el económico sin sostén, según el análisis realizado por los servicios técnicos de Asaja Castilla y León.
Pese a la pandemia y a la guerra de Ucrania, Europa persiste en su Pacto Verde y en cumplir las Estrategias de la Granja a la Mesa y de Biodiversidad que impregnan el espíritu de la PAC que estrenamos con el nuevo año.
Nuevo Plan Estratégico
El 31 de agosto de 2022 la Comisión Europea aprobó nuestro Plan Estratégico de la PAC, felicitando a España por plantear unas intervenciones y medidas ejemplares para lograr los objetivos antes mencionados, incluso superando los mínimos marcados para el objetivo ambiental.
En los últimos días del año se han empezado a publicar diferentes textos legales en el ámbito nacional, una ley y 18 reales decretos. Luego el gobierno autonómico los desarrollará para su aplicación en Castilla y León.
Los agricultores y ganaderos han tenido que planificar y sembrar sin conocer sus obligaciones, “en precario”, como apuntan desde la organización agraria.
Ley de la Cadena Alimentaria
Esta ley, en vigor desde el 16 de diciembre de 2021, pospuso hasta el inicio de 2023 la puesta en marcha del Registro de Contratos Alimentarios. En los últimos días del año se aprobó el Real Decreto que desarrolla el registro de contratos alimentarios de carácter digital en el que se deberán inscribir, con carácter obligatorio, los contratos que se suscriban con los productores primarios y sus agrupaciones.
Este registro, en cumplimiento de la Ley de la cadena alimentaria, incrementa la protección de los productores primarios y sus agrupaciones, al facilitar las funciones de inspección y control de las relaciones comerciales.
La inscripción de los contratos en el registro se pondrá en marcha el 31 de enero de 2023, si bien habrá un periodo transitorio para facilitar su paulatina puesta en marcha, hasta que se haga obligatoria, a partir del 30 de junio.
Parece imposible frenar la “descomunal diferencia” de precios entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor, pero Asaja confía en que la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria siga dando pasos para conseguirlo.
Plan de Seguros Agrarios combinados
En noviembre se aprobó el 44º Plan de Seguros Agrarios Combinados, en el que se establecen todas las líneas de seguro cuyo periodo de contratación se iniciará a lo largo del año 2023 con una línea de subvenciones que suma un total de 317,7 millones de euros.
El plan recoge las diferentes líneas de subvenciones aplicadas y los porcentajes establecidos para cada una de ellas, que en total suman 317,7 millones de euros.
Este incremento tiene gran relevancia para las explotaciones agrarias, especialmente en el actual contexto de aumento de los costes de producción y mayor siniestralidad ocasionada por los fenómenos meteorológicos adversos que se han sucedido durante el año.
La novedad más importante es el aumento en 10 puntos porcentuales en la subvención base. Este aumento ya se comenzó a aplicar en aquellas líneas cuyo periodo de contratación comenzó el 1 de septiembre de 2022.
De esta forma, según el colectivo al que pertenezca el asegurado, se podrá alcanzar en la modalidad más contratada entre el 50 y el 60% de subvención mínima.
Plan Hidrológico del Duero
Sometido a la votación, el Proyecto del Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 fue rechazado por los vocales del Consejo del Agua de la Demarcación, con un resultado de 42 votos en contra y 34 a favor.
Asaja ha sido una de las organizaciones que ha votado en contra, negándose a esta aprobación desde el primer momento, por considerar que el nuevo Plan Hidrológico del Duero atenta contra los intereses del sector agrario.
A este rechazo se han sumado las demás organizaciones agrarias, comunidades de regantes y el Consejo del Agua. Resulta significativo que este proyecto defendido por la Confederación Hidrográfica del Duero haya contado con el apoyo de los representantes de las empresas hidroeléctricas, totalmente desconectados de la realidad que vive el sector agropecuario.
Para Asaja la modernización de los regadíos es la mejor fórmula para el ahorro de agua, la prevención de contaminación por escorrentías y el aumento de la competitividad de las explotaciones. El cambio climático es una realidad y el agua tiene un papel muy importante, por lo que hoy las infraestructuras y la capacidad de almacenamiento de este recurso son más necesarias que nunca.
Pese al rechazo mayoritario del proyecto, la Confederación Hidrográfica del Duero elevará el plan al Ministerio de Transición Ecológica, para que, si así lo decide, se apruebe como Real Decreto.
Doble tarifa de energía eléctrica
Respecto a la electricidad, la organización agraria sigue esperando que el Gobierno ponga en marcha para el sector agrícola la doble tarifa aprobada ya en diversos textos legales a lo largo de esta legislatura.
En la Ley 30/2022, de 23 de diciembre, que se regulan el sistema de gestión de la Política Agrícola Común se incluye una disposición final que permite a los titulares de explotaciones agrarias acogerse a los mecanismos de flexibilización temporal de los contratos de suministro de energía eléctrica recogidos en el artículo 7 del Real Decreto-ley 18/2022 que, aunque solo estaría vigente en 2023, por algo se empieza.
Asaja espera que este nuevo texto legal se aplique y por fin los regantes puedan beneficiarse de una doble tarifa eléctrica que se ajuste a sus demandas de consumo, cumpliéndose así una reivindicación histórica.
También esperamos que las comercializadoras de electricidad den las autorizaciones de cambio lo más rápidamente posible, pues la ley obliga a permanecer con la nueva potencia un período mínimo.
Zonas vulnerables
La modificación del Real Decreto sobre protección de las aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias propuesta en 2021 por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico finalmente vio la luz en enero de 2022.
Este nuevo Real Decreto establece unos criterios mucho más restrictivos en la determinación tanto de las zonas contaminadas, como de las que podrían estarlo si no se toman las medidas oportunas, bajando los límites máximos de contaminación en un 25 o 50% sobre la actual directiva comunitaria.
Al bajarse estos límites, existe la posibilidad de que todo el territorio de Castilla y León se califique como zona vulnerable, con los inconvenientes y restricciones que esto supone para nuestro sector.
Asaja aboga en esta materia por la identificación concreta del problema que produce la contaminación difusa para poder actual sobre él. Deben adoptarse medidas específicas para hallar la causa raíz y controlar el problema.
Las medidas generales si fueran poco ambiciosas no revertirían el problema y si son excesivamente drásticas, como es el caso, podrían solucionarlo o no, pero a cambio de poner en riesgo un importante y estratégico sector productivo.
También el MAPA prepara una regulación en esta línea mediante la puesta en marcha de un nuevo Real Decreto sobre nutrición sostenible de los suelos agrarios que añadirá nuevas exigencias y restricciones en el abonado de los cultivos y mayores dificultades en la producción agrícola.
La organización espera que las administraciones den un plazo amplio de adaptación al sector y pongan a su alcance las herramientas necesarias con las que trabajar. También es importante que los fertilizantes y formulados de nueva generación sean accesibles para el productor, tanto agronómica como económicamente.
Normativa sobre ganadería
A finales de año se publicó abundante normativa, entre la que destaca un real decreto para la ordenación de las granjas bovinas, que limitará el tamaño máximo de las granjas de nueva instalación. El tiempo dirá si servirá para frenar la sangría continua de profesionales, o por el contrario para que en otras partes del mundo se hagan con los mercados que nosotros perdemos.
El 2 de enero de 2023 entra en vigor un real decreto que regula el registro general de las Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en explotaciones ganaderas, así como el soporte para el cálculo, seguimiento y notificación de las emisiones en ganadería. La norma establece la estructura de este registro y el contenido mínimo de la información que los ganaderos deben comunicar a las administraciones públicas sobre la estimación de sus emisiones y la aplicación de las MTD, en consonancia con las obligaciones establecidas en los reales decretos de ordenación ganadera.
También entra en vigor el decreto sobre normas de sanidad y protección animal durante el transporte, que deroga la anterior normativa del año 2016 e introduce cambios en las condiciones de bienestar del ganado y requisitos para los profesionales, en línea con las recomendaciones que realizan al respecto las instancias comunitarias, dentro del actual marco normativo.
Hay que sumar un cuarto real decreto con una serie de medidas nacionales para favorecer un uso sostenible de antibióticos en el ámbito de las especies de interés ganadero. La venta de antimicrobianos en España es superior a la media europea, por lo que en opinión del Ministerio es necesario abordar su uso en las explotaciones ganaderas con urgencia.
Inspecciones de equipos de fitosanitarios (ITEAF)
En el último trimestre del año se ha publicado el borrador para la actualización de la orden que regula las ITEAF en Castilla y León. El borrador propone aplicar en nuestra comunidad la posibilidad que ofrece el Real Decreto nacional de dar de baja de oficio en del Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) los equipos de aplicación de productos fitosanitarios que no hayan pasado la correspondiente inspección o cuyo periodo de vigencia haya caducado, previa comunicación al interesado.
Desde Asaja se ha pedido que se dé la opción al titular de la máquina de mantenerla inscrita bajo su responsabilidad, pues el Plan Renove de maquinaria agrícola contempla el achatarramiento de una máquina para poder acogerse a la renovación y esto supondría la exclusión de muchos agricultores de nuestra comunidad frente a los de otros territorios donde no se aplique.
