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jueves, agosto 11, 2022
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Jesús Julio Carnero: “La mejor ley de la cadena alimentaria es el diálogo”

En una entrevista con CAMPO, el consejero reitera una de sus principales reivindicaciones ante la nueva PAC: las exigencias ambientales a agricultores y ganaderos deben tener una compensación económica. Sobre todo, porque “la peor noticia para el medio ambiente es un pueblo vacío”

Jesús Julio Carnero ha atravesado el ecuador de su primera legislatura como consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Será un periodo difícil de olvidar, con una dura pandemia que a él le ha afectado en primerísima persona. Una crisis que ha trastocado iniciativas políticas y ha puesto del revés algunos hábitos que creíamos inamovibles. Pese a todo lo sucedido, ofrece un balance favorable de esta primera mitad de mandato, con un objetivo que atraviesa toda la conversación mantenida con CAMPO: fijar población en el medio rural.


-Con todo lo que ha sucedido, parece usted empeñado en ser positivo, incluso optimista.
-Desde el punto de vista de las acciones acometidas por la consejería, tenemos muy claro que nuestro balance de la primera mitad de la legislatura es muy positivo. Hemos dado respuesta a dos grandes pilares que nos habíamos marcado en la comparecencia de septiembre de 2019: el del desarrollo rural y el de la cadena alimentaria.


Además, nos hemos tenido que ‘inventar’ un tercer pilar, el de dar respuesta a las necesidades planteadas por la Covid-19. Es el programa Somos del Campo, con una serie de medidas, unas de carácter cooperativo con las distintas administraciones y otras de carácter reivindicativo, también ante las diferentes administraciones, como el Gobierno y la UE.

Pero sobre todo hay medidas de carácter económico. Hemos aportado al sector 59,8 millones dentro de este programa Somos del campo.
Sobre estos tres pilares básicos hemos trabajado en cinco grandes ámbitos de actuación: jóvenes, mujer, nuevas tecnologías, imagen del sector y PAC.


-La pandemia ha marcado todos los ámbitos de la vida. ¿Hay cambios que han llegado para quedarse?
Sí. El propio programa Somos del campo se va a prolongar en el tiempo porque es un buen programa que va dando respuesta a las novedades que se van produciendo.
También todo lo relacionado con el comercio alternativo dentro de las acciones de Tierra de Sabor.

En relación con ello, la cuestión más importante es que la sociedad en su conjunto ha adquirido una sensibilidad especial en relación con aquello que hacen quienes trabajan en la agricultura y la ganadería, que no es otra cosa que producir alimentos de calidad.


Son elementos esenciales para que podamos levantarnos y andar. Esa es quizá la principal lección que hemos aprendido con la Covid-19: que la agricultura y la ganadería conforman un sector esencial y lo que hacen nuestros agricultores y ganaderos es algo que nada ni nadie puede sustituir.


-Está claro que, con el nuevo coronavirus, se ha incidido mucho en un consumo más cercano.
-Cuando hablamos del decreto de venta de cercanía tiene que ver con eso precisamente. Tiene que ver con lo local, con lo más cercano. En este tiempo ha habido una sensibilidad especial respecto a consumir producto nuestro porque quien lo está produciendo es quien nos da de comer en el día a día y se merece que el fruto de su trabajo se vea recompensado por una especial atención por parte del consumidor.


-La de los precios es una batalla que cuesta mucho…
-Efectivamente. Una de las prioridades de la consejería en lo inmediato es que seamos capaces de conseguir un marco adecuado y equilibrado de los diferentes eslabones de la cadena. Que podamos crear una mesa en la que estén representados el sector productor, la transformación, la distribución y la alimentación. Ello deberá permitirnos poner unas reglas del juego para ir solventando los problemas que se generen.


Es un proceso que iniciamos al comienzo de la legislatura. La pandemia lo ha frenado y ahora debemos intensificar las labores para la consecución de este fin, y así se lo he trasladado a los diferentes agentes. Porque sin lugar a dudas estamos viendo que empiezan a aparecer problemas graves en distintos sectores derivados de la política de precios, y algo debemos hacer.


Yo estoy convencido de que la mejor ley de la cadena alimentaria es el diálogo y si somos capaces de establecer ese mecanismo resolveremos muchísimos problemas. Lo que está claro, y eso es radicalmente verdadero, es que los tres eslabones son necesarios y se necesitan entre sí. Necesitamos productores, transformadores y distribuidores. Por lo tanto todos somos necesarios. Pues establezcamos un marco adecuado y equilibrado, que es lo que propone este pacto.


-¿Es la interprofesional de la patata una herramienta útil en ese sentido?
-Castilla y León ha sido pionera en la constitución de esa entidad. La interprofesional está empezando su trabajo pero ya ha dado pasos importantes. Si sigue dando pasos se convertirá en un modelo para la constitución de la interprofesional a nivel nacional, y yo estoy convencido de que el ministerio lo apoyará.


La organización ha conseguido dos avances que yo destacaría. El primero de ellos es la consecución de una figura de calidad para la Patata de Castilla y León, de la mano de Itacyl. Será un gran paso que el consumidor agradecerá porque demanda calidad y algo más: origen en un territorio determinado. La mejor demostración de eso son las IGP u otras figuras de calidad.


Lo segundo ha sido conseguir la autorización para registrar el antigerminante 14 SIGHT.


Destaco estos asuntos, pero también se podría hablar de la promoción de la patata o de la creación de su propia página web. Se están dando los pasos y lo que tenemos que hacer es apoyar a la interprofesional y seguir en esa línea.


-Otra cuestión candente es la del agua.
-Tiene un papel fundamental. Dentro de ese pilar básico del desarrollo rural tenemos el objetivo de transformar en regadío o modernizar 30.000 hectáreas. Con las cifras alcanzadas en esta primera mitad de la legislatura hemos llegado al 77% de ese compromiso, puesto que hemos actuado sobre 23.500 hectáreas.


-¿Qué opinión tiene el consejero respecto al Plan Hidrológico?
-Estamos redactando las alegaciones al Plan Hidrológico del Duero, un documento que no nos gusta por diferentes motivos. En primer lugar porque dice que persigue la sostenibilidad ambiental, pero ese objetivo no se conseguirá si al mismo tiempo no se atienten la sostenibilidad económica y social del territorio. Eso lo olvida porque parece que contrapone las distintas sostenibilidades al cuidado de las masas de agua, pero lo que debe hacer es buscar un equilibrio entre ellas.


No nos gusta el Plan Hidrológico porque, estando elaborado por un ministerio que se denomina de Transición Ecológica y Reto Demográfico, se olvida de esa segunda parte. Esperamos modificar ese plan sobre la base de las alegaciones que presentaremos, porque los regadíos y las políticas vinculadas al agua son determinantes para fijar población.


En la cuenca del Duero tenemos una capacidad para regular el 30%. Tenemos estudios que permiten llegar a una capacidad de regulación del 50%, inferior por cierto a la de otros grandes ríos, y esos proyectos de regulación están ausentes del Plan Hidrológico.


El plan necesita una reconsideración importante porque en Castilla y León el regadío supone el 12,6% de la superficie agrícola, mientras que en el conjunto de España ese porcentaje es del 21,7%. La comunidad tiene mucho recorrido hasta alcanzar esa media nacional. El regadío es fuente de riqueza y de desarrollo rural. Es política social.


-Destacan por su situación delicada los regantes con aguas subterráneas.
-Efectivamente, en las alegaciones que presente la consejería destacaremos que nos preocupa la situación de esos regantes porque hay muchos agricultores que llevan generaciones haciendo una labor importante a partir de las subterráneas.


En ese sentido debo decir que nos parece fundamental acelerar el proceso de constitución de comunidades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS), y así se lo hemos transmitido a la CHD, porque se tratan del mejor ejemplo de diálogo y colaboración.


Debemos ir hacia un marco de regulación, no de restricciones o prohibiciones, porque debemos dar una solución a los agricultores de aguas subterráneas.


-Hablaba usted de desarrollo rural, lo cual nos parece muy relacionado con la incorporación de jóvenes y mujeres.
-Efectivamente, y esto tiene mucho que ver con el actual debate sobre la PAC. Nos preocupa que la agricultura y la ganadería profesional no aparezcan reflejadas de forma relevante en el Plan Estratégico de España. Nuestro modelo de agricultor y ganadero profesional está respaldado por partidos políticos y organizaciones agrarias.

Es una figura relevante porque es la forma de expresión del campo de Castilla y León.
Es una figura que debe tener una discriminación positiva, igual que sucede en el caso de la mujer, porque no estamos hablando del futuro de la PAC sino del futuro de la agricultura. Y es que sin ese reconocimiento que demandamos no habrá una incorporación de jóvenes significativa. Para atraerlos al sector debemos trasladar una imagen positiva del campo, muy diferente de la imagen que en ocasiones ofrecen los medios de comunicación.


La pandemia ha puesto de relieve la importancia de esta profesión, que está plagada de vanguardia, de nuevas tecnologías. Hablo de la llamada agricultura 4.0, de la agricultura de precisión… Por eso hemos aprobado el Plan de Agricultura y Ganadería Joven, vigente hasta 2023. Porque nuestra obligación es la de poner sobre la mesa los instrumentos para poder ir cumpliendo esos objetivos.

El resultado hasta ahora es que se han incorporado 1.652 jóvenes, cifra que corresponde aproximadamente con la mitad el objetivo que nos habíamos planteado para esta legislatura.


De este modo, cualquier joven que quiera acercarse a la agricultura y la ganadería va a poder hacerlo. Hace pocas fechas lo dijo el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y desde la consejería respaldamos ese objetivo.


-¿Qué escollos hay que salvar en esa negociación del Plan estratégico?
-Nos preocupa que la PAC tenga como punto único el dar apoyo a la sostenibilidad ambiental. La cuestión es que el agricultor y el ganadero van a ser partidarios de ello, por supuesto, pero necesitan una compensación por ese papel que se les asigna. Esa compensación tendrá que ver con la rentabilidad de las explotaciones.


De lo contrario, veremos agravado el problema de la despoblación, y no perdamos de vista que un pueblo vacío es la peor noticia para el medio ambiente. Primero fijemos población y pensemos después en la sostenibilidad ambiental. Es una cuestión de equilibrio y de justicia, porque debemos compensar a un sector que está todo el día mimando al medio ambiente, sin que nadie se lo encomiende.


-Hace escasas fechas se celebró la Conferencia Sectorial de Agricultura. ¿Hay avances en relación con el Plan estratégico?
-La reunión fue positiva, pero hay diferentes aspectos sobre los que hay que seguir trabajando. Nosotros incidimos en la figura del agricultor activo, que debe quedar bien reflejado en la PAC. La posición de Castilla y León es que, en cualquiera de las modalidades posibles, ese agricultor debe estar afiliado a la Seguridad Social agraria.
En relación con ello, vamos a defender hasta el final que el pago redistributivo debe ir en exclusiva al agricultor profesional.

Ha habido un avance de ‘doble umbral’, que permite compensar en mayor medida a un rango medio-alto de los agricultores, pero se trata de una mejora pero no llega a cubrir nuestra demanda.


En cuanto a la ayuda básica y regionalización productiva, estamos totalmente de acuerdo en el proceso de pasar de las 50 regiones productivas actuales a las 20 que prevé la nueva PAC.


-¿Y respecto a las ayudas asociadas?
-Esta consejería respalda la eliminación de la degresividad en los documentos actuales, y por lo tanto celebramos que se haya atendido la reivindicación realizada por Castilla y León en ese sentido. Y en cuanto a las intervenciones sectoriales, la consejería sigue defendiendo un plan sectorial para el ovino y el caprino.


-¿Habrá acuerdo sobre los ecoesquemas?
-Están siendo objeto de un debate muy intenso, y he de decir en relación con la condicionalidad reforzada que debe quedar bien definida. Se están produciendo avances, pasando de un sistema de rotación de cultivos a uno de diversificación por explotación, lo que podemos celebrar como una conquista de Castilla y León. Pedimos pasar del 40% al 30% y así dar solución al cultivo del maíz.


También hay que decir respecto a los ecoesquemas que pedimos que se elimine la degresividad. El ministro nos ha pedido una labor de concienciación con los agricultores y ganaderos para que se puedan acoger al mayor número posible de ecoesquemas. Pero para cumplir ese objetivo es para lo que pedimos eliminar la eliminación de la degresividad.


Texto: Ricardo Ortega

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