El consejero Jesús Julio Carnero ha asistido este jueves a la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural convocada por el ministro Luis Planas. El objetivo era analizar la versión inicial del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y de su estudio ambiental, que están abiertos a información pública hasta el 4 de febrero.
La nueva PAC se aplicará a partir de 2023, tanto en lo que respecta al denominado primer pilar, de donde derivan las ayudas directas y los programas sectoriales, financiados por el fondo europeo Feaga, como en el segundo pilar del que dependen las denominadas intervenciones territoriales que sustituirán a los actuales Programas de Desarrollo Rural, cofinanciados por el fondo europeo Feader y las administraciones del Estado y las comunidades autónomas.
El consejero ha destacado que “la nueva PAC viene con mayores exigencias medioambientales y sin financiación adicional para cumplirlas. Eso es lo que no nos gusta. Por ello debemos proteger el modelo de la agricultura profesional, que está íntimamente identificado con la agricultura de Castilla y León”.
La pretensión de la Junta es que la figura del ‘agricultor activo’ en buena medida vea reflejado el modelo profesional ya que es una garantía para la continuidad del sector agrario. La especialización productiva y vivir de esta actividad son claros componentes de futuro.
Castilla y León defiende que en todas las modalidades que definan el agricultor activo debería exigirse la afiliación a la seguridad social por la actividad agraria. Este planteamiento que ha sido defendido por el consejero Carnero se incorporará también en las alegaciones que va a presentar Castilla y León en el trámite de información pública.
No obstante, existe un criterio muy generalizado en el resto de Comunidades Autónomas que defienden un modelo más abierto y ligado a la agricultura a tiempo parcial por su estructura productiva. Jesús Julio Carnero ha indicado que “Castilla y León tiene un modelo profesional, que es el que estamos reivindicando, y si no es posible finalmente que este modelo sea la referencia de la definición de agricultor activo, la nueva PAC debe tener discriminaciones positivas hacia los profesionales, me estoy refiriendo a la aplicación del pago redistributivo y la eliminación de la degresividad en ayudas asociadas y en los ecoesquemas”.
El pago redistributivo debe primar a las explotaciones pequeñas y medianas de agricultores profesionales. La propuesta inicial del Ministerio de detraer a todos los perceptores del pago básico la sexta parte del mismo para redistribuirlo de forma uniforme en las primeras hectáreas de todas las explotaciones era claramente perjudicial para la agricultura profesional de Castilla y León, más identificada con explotaciones extensivas y más dimensionadas que en el resto de España.
El consejero ha indicado que “Castilla y León ha defendido y defiende que este pago solo se distribuya hacia las pequeñas y medianas explotaciones de los profesionales, no de todos los beneficiarios de la PAC.
La reducción de las ayudas asociadas y de los ecoesquemas por el tamaño de las explotaciones perjudicaría a la agricultura de Castilla y León.
Castilla y León es la comunidad autónoma que más financiación absorbe en la PAC actual en ayudas asociadas, cerca de unos 140 millones de euros al año, prácticamente la cuarta parte del conjunto de estas ayudas en España.
A este respecto, Carnero ha recalcado que “la propuesta inicial de aplicar degresividad a estas ayudas, en el sentido de reducirlas a partir de una superficie o cabezas de ganado determinada no es compartida por Castilla y León.
La evolución de las explotaciones de ovino y caprino en España requiere un Plan específico para este sector en la nueva PAC
El consejero ha reiterado la necesidad de incorporar un Plan Nacional Sectorial para el ovino caprino utilizando su buena base cooperativa, para poder frenar la reducción de explotaciones y mejorar la salida comercial de sus producciones, tan característica de España y con buen potencial aún para liderar su carne y leche en Europa. “La versión inicial del Plan Estratégico no lo contempla y es necesario analizar bien esta situación”, ha expresado el consejero.
En Castilla y León son cerca de 5.500 los ganaderos de ovino y caprino, aproximadamente el 20% del total nacional, y muchos de ellos, en especial los de orientación productiva de leche, forman parte de estructuras asociadas en cooperativas.
