El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha inaugurado el I Congreso Nacional de la Propiedad Forestal Privada, que se celebra en Valladolid hasta el 20 de octubre, organizado por la Federación de Asociaciones Forestales de Castilla y León (Facyle), con la colaboración de la Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE) y la Fundadión Cesefor.
Unas 300 personas, profesionales de todos los sectores públicos y privados (especialistas de ámbito internacional, ingenieros forestales, asociaciones de propietarios, funcionarios de las administraciones central y autonómica, profesores universitarios, abogados, empresas del sector y propietarios forestales del ámbito privado), debatirán por primera vez sobre la situación y futuro de la propiedad forestal privada en España.
El Congreso está segmentado en cinco sesiones -más una jornada de campo-, donde se analizarán temas tan importantes como el marco legal de la propiedad, la política agraria, la estructura de la propiedad, la fiscalidad o la comunicación forestal.
Castilla y León cuenta con la mayor superficie forestal de España (4.838.441 hectáreas), con un porcentaje territorial superior a la media europea y mundial, que representa el 51 % del territorio, y una estructura de la propiedad forestal (cerca de 720.000 propietarios forestales) repartida casi a partes iguales entre titulares públicos (55 %) y privados (45 %), y distribuida en 4 tipos de montes: los montes de utilidad pública (MUP) y contratados, que gestiona la Junta, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio: unos 2 millones de hectáreas; los montes patrimoniales de las entidades locales: 700.000 hectáreas; las fincas particulares de cierta extensión (más de 25 ha/propietario): 1,2 millones de hectáreas, y el minifundio forestal (titulares que tienen menos de 25 ha): 1,1 millones de hectáreas.
La Junta de Castilla y León (el mayor propietario de la Comunidad con más de 90.000 hectáreas) gestiona el 40 % de los terrenos forestales, del que se logran las tres cuartas partes de la producción, riqueza y empleo total vinculados a este sector. “A través del Programa de Movilización de Recursos Forestales -señala el consejero-, cuya revisión está prevista en esta legislatura, pretendemos dinamizar el 60 % restante, propiedad de entidades locales y de titularidad privada a través de una gestión adecuada y económicamente viable”.
Invertir el minifundismo
El consejero ha recordado que una de las principales debilidades del sector forestal de la Comunidad (común al conjunto del sector forestal nacional y europeo) es el minifundismo (cerca de 720.000 propietarios forestales en Castilla y León, con una superficie media de 6,73 ha por titular), “lo que dificulta una gestión adecuada y viable económicamente y lo que hace que prácticamente ningún propietario forestal sea selvicultor profesional”.
A este respecto, desde la Junta se apuesta por invertir esta situación, reduciendo la fragmentación de la propiedad forestal, consiguiendo explotaciones forestales más grandes y aumentando con ello su productividad y rentabilidad.
“De la misma manera que durante el siglo XX Europa hizo un serio esfuerzo para reformar las estructuras agrarias concretado en unos potentes programas de concentración parcelaria y de mejora de la red viaria agraria, en el siglo XXI -señala Suárez-Quiñones- debemos abordar un programa similar para el sector forestal, y en Castilla y León, igual que fuimos pioneros en la concentración agraria, queremos ser pioneros en la concentración forestal”.
Para conseguirlo, el consejero considera necesario que los propietarios forestales acepten integrarse en sociedades de tipo cooperativo y fusionar sus propiedades en una sola de la que serían copropietarios, señalando experiencias piloto en marcha en los términos municipales de Nieva y Aguilafuente, en la provincia de Segovia. “Todos tenemos un interés común: conseguir explotaciones forestales rentables, que permitan a los selvicultores vivir de su explotación forestal, como hacen los agricultores”, añadió Suárez-Quiñones.
“Entre todos vamos a buscar soluciones para los principales problemas a los que os enfrentáis los propietarios de montes: la escasa rentabilidad, las dificultades para la comercialización, las trabas administrativas y las limitaciones a la gestión, como las que garantizan la conservación de la biodiversidad. Por eso es fundamental -añadió- dialogar y poner en común problemas y soluciones. De ahí la transcendencia de la celebración de este primer Congreso Nacional”.
