La Consejería de Medio Ambiente ha reclamado formalmente al Gobierno 8 millones por los daños del lobo y espera en los próximos días una respuesta a este requerimiento por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
De no ser así, interpondrá recurso contencioso-administrativo por la no formalización de los compromisos financieros a favor de Castilla y León, según lo dispuesto en el acuerdo de Conferencia Sectorial del pasado 28 de julio -8,8 millones de euros asignados a la Comunidad, lo que representa el 44,26% del total distribuido a nivel nacional-, que servirán para compensar a las ganaderías que están sufriendo daños y perjuicios por los ataques del lobo en el medio rural, así como para la financiación de medidas preventivas.
El Gobierno no ha transferido estos compromisos financieros a las CCAA que votaron en contra de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo, como Castilla y León, y sí lo ha transferido a las comunidades que votaron a favor.
Con fecha de 28 de julio de 2022 se aprobó en Conferencia Sectorial de Medio Ambiente la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo (Canis lupus) y su convivencia con las actividades del medio rural, con el voto en contra de la Comunidad de Castilla y León, Galicia y Cantabria, entre otras comunidades autónomas, por diferentes motivos: por un lado, por haberse aprobado una estrategia sin haber abordado previamente un exhaustivo diagnóstico del estado de conservación de la especie, aspecto que debiera haberse realizado sobre la base de un nuevo censo nacional coordinado -en el que la Junta ya está trabajando con sus propios medios y recursos.
Por otro lado, no se votó a favor de la estrategia por la inclusión, como anejo, de los criterios de distribución de presupuesto a las comunidades autónomas, criterios que debieran haberse aprobado de forma ajena a la estrategia, al igual que se realiza con cualquier otra aportación finalista del Estado a las comunidades autónomas.
