El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, mantendrán este mes una reunión en Bruselas con parlamentarios europeos con el fin de informar sobre el impacto negativo que están teniendo para el medio rural, la biodiversidad, el sector primario y, particularmente, la ganadería extensiva las políticas del Gobierno de España.
Es el caso de los daños que provocan los ataques del lobo a la ganadería, agravado por la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), o la aprobación de la Estrategia para la Conservación y Gestión del Lobo; o el hecho de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no haya transferido los más de 13 millones de euros comprometidos a Galicia y Castilla y León para compensar a los ganaderos por los daños y para medidas preventivas, negativa basada en “motivos políticos”.
Este encuentro con el Parlamento Europeo lo han anunciado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la consejera Medio Ambiente, Territorio y Vivienda de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez, en el marco de la reunión que han mantenido hoy en León para abordar la situación de la especie en sus respectivos territorios y analizar las consecuencias derivadas de las políticas “erráticas” adoptadas por el Ejecutivo estatal desde el 2021.
En este sentido, cabe recordar que, tras la aprobación en septiembre de 2021 de la orden ministerial por la que se incluía al lobo en Lespre, ambos Gobiernos autonómicos decidieron recurrir la decisión ante la Audiencia Nacional, entendiendo que había sido adoptada unilateralmente, con importantes defectos en la tramitación, sin evaluar la anterior estrategia, sin un censo de población de lobos, al margen de las principales comunidades autónomos con presencia de lobos del país y sin ningún fundamento científico.
Más de un año después de aquella primera decisión, los dos consejeros autonómicos compartieron hoy su preocupación por la situación generada tras conocerse que el Gobierno central decidió dejar fuera del reparto de los 20 millones de euros reservados este año al lobo a aquellas autonomías que, como Castilla y León y Galicia, no suscribieron la nueva Estrategia Nacional para la conservación y gestión de la especie.
Una negativa a la entrega de los fondos, a pesar de ser un importe aprobado en Conferencia Sectorial, como también lo fueron los criterios de reparto y su distribución, que sólo precisa resolución del secretario de Estado para su entrega a ambas comunidades autónomas, a las que se niega la misma.
