La ley que regulará la entrada en vigor de la nueva PAC eliminará la prohibición de quemar residuos vegetales. Así lo ha anunciado el grupo del PP en el Congreso de los Diputados a través de una nota de prensa.
“En el momento en que se apruebe la Ley de la PAC quedará anulado este punto de la Ley de Residuos”, señalan los populares, para quienes la quema de residuos “es muy positiva para luchar contra los incendios forestales, beneficia la fertilización del suelo y evita problemas de sanidad vegetal”.
Además, “facilita la labor de los agricultores, que están afrontando en este momento serios problemas con los costes de producción”, señalan desde la formación conservadora.
La iniciativa ha contado con un consenso importante, en el que no han participado los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos.
Unión de Uniones se felicita
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos “ha conseguido” que los grupos políticos en el Congreso de los Diputados aprobaran ayer la modificación de la Ley estatal 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que prohíbe de forma general la quema de restos vegetales, señala la organización en un comunicado.
A propuesta de la organización, el PDCAT introdujo la enmienda que elimina el artículo 27.3 de la ley de abril a la ley por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agraria Común (PAC) y otras medidas conexas en trámite de ponencia en la Comisión de Agricultura. Así, esta enmienda fue aprobada sin la oposición de ningún grupo parlamentario, quedando eliminada la normativa aprobada hace seis meses que no permite realizar quemas agrícolas de forma generalizada.
Unión de Uniones puso de manifiesto su desacuerdo desde el momento en el que se publicó la Ley de residuos estatal y alertó a los grupos políticos en el Congreso, proponiéndoles la derogación en el plazo de presentación de enmiendas, que finalizó a finales de agosto, en el primer proyecto de ley, a fin de no dilatar su aprobación.
La prohibición de quemas agrícolas comportaba costes económicos en todas las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales y costes ambientales, ya que habría que haber trasladado incontables toneladas de restos vegetales a centros de tratamiento o bien comprar o alquilar maquinaria para triturarlos, lo que, además del sobrecoste para el campo, habría provocado una mayor emisión de CO2.
Unión de Uniones, además, señala que con esta prohibición la Administración iba más allá de lo previsto en las directivas de la Unión Europea de residuos y la relativa a la reducción de las emisiones, que no establecen la obligación de la prohibición con carácter general y, al contrario, obligan a velar por que se tenga en cuenta el impacto en las pequeñas explotaciones agrarias.
