El Consejo de Ministros extraordinario ha aprobado un nuevo paquete de medidas de apoyo para el sector agrícola, ganadero, pesquero y acuícola valorado en 72 millones de euros y enmarcado en el Real Decreto-Ley por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
En el caso del sector agrario y pesquero, estas medidas se concretan en sendas ampliaciones de 60 millones de euros en la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios, y de 12 millones en las subvenciones a la obtención de financiación del sector agrario, pymes agroalimentarias y operadores del sector pesquero y acuícola.
Con carácter horizontal, se mantiene hasta el 31 de diciembre el descuento de 0,20 euros por litro de combustibles que beneficia al conjunto de la ciudadanía y se establece una ayuda de Estado, de hasta 400.000 euros por beneficiario, para industrias intensivas en consumo de gas, como por ejemplo los productores de fertilizantes.
INCREMENTO DEL APOYO AL SEGURO AGRARIO
Para ayudar a paliar la situación generada por la guerra en Ucrania, el Gobierno considera necesario ahora establecer una línea de apoyo a la financiación de las explotaciones agrarias y operadores del sector de la pesca y la acuicultura, e incrementar el apoyo público que se presta al seguro agrario por medio de subvenciones destinadas a reducir el coste de las pólizas al agricultor, sobre todo, a la vista de que, como consecuencia del cambio climático, los episodios de heladas, pedrisco o sequía son más frecuentes y se suceden en periodos cada vez más cortos.
Entre las medidas aprobadas destaca el incremento de 60 millones de euros en la dotación presupuestaria destinada a subvencionar los seguros agrarios, lo que permitirá aumentar en 10 puntos porcentuales la subvención base, es decir, la que reciben todos los asegurados, según la modalidad elegida en el momento de la contratación.
Se aplicará en aquellas líneas que inicien la contratación entre el 1 de septiembre de 2022 y el 31 de agosto de 2023, y abarcan el periodo de un año completo.
Los Presupuestos Generales del Estado para el presente año contemplan una partida de 257,7 millones de euros para subvencionar la contratación de seguros agrarios, con lo que la ampliación aprobada hoy supone un incremento del 23,2 % hasta alcanzar los 317,7 millones de euros.
Con esta nueva medida se da una respuesta a las demandas del sector agrario en relación con la recuperación de los niveles de apoyo a la contratación de seguros anteriores al año 2016, y tendrá una especial relevancia en el actual contexto socioeconómico del sector.
Con este incremento aprobado en el real decreto-ley, el Gobierno reconoce el carácter prioritario de los seguros agrarios, por cuanto constituyen el principal instrumento que dispone el productor para la gestión de los riesgos que pueden afectar a sus explotaciones, garantizar la viabilidad de las mismas y apoyar así la renta agraria.
La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) va a proponer de manera inmediata la modificación del actual Plan de Seguros Agrarios Combinados, para poder aplicar este aumento de la subvención a partir del 1 de septiembre en líneas de seguros tan importantes como los frutos secos, los cultivos herbáceos extensivos, el caqui, la uva de vinificación y la fruta, entre otras.
Esta nueva medida permitirá incrementar el porcentaje medio de subvención del ministerio sobre el coste total de la prima. Este porcentaje era del 30% en 2018, se incrementó hasta el 32% en 2021 y, aun teniendo en cuenta las previsibles subidas que habrán de aplicarse en algunas líneas del seguro, rondará el 40% al aplicar el incremento de la línea aprobado hoy.
Con esta subida de 10 puntos en la subvención base, junto con el aumento de determinadas ayudas adicionales y otras mejoras introducidas en 2021, algunos colectivos, como el de los agricultores jóvenes, tendrán una subvención próxima al 65 % sobre el coste de la prima, máximo permitido por la normativa comunitaria sobre ayudas estatales.
