La Unión Europea ha dado esta semana un paso importante para diseñar su proceso de recuperación económica y social. El instrumento bautizado como Next Generation EU cuenta con un presupuesto de 750.000 millones y pretende impulsar la inversión privada, reforzar el mercado único y acelerar la doble transición ecológica y digital.
La música puede sonar bien, pero al analizar la letra se comprueba que estamos ante un caballo de Troya: se vende un instrumento para sacar a Europa de la crisis mientras se ‘cuela’ el viejo proyecto de reducir los fondos destinados a la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural.
El presupuesto de la PAC para el periodo 2021-2027 será de 344.000 millones de euros, lo que supone una disminución del 10%. La reducción del FEGA (ayudas directas) es del 9,6%, mientras los fondos destinados al desarrollo rural (Feader) se reducen en un 12%.
El recorte global se da ya por decidido y a partir de ahora falta decidir la distribución de los fondos por países. Con todo, las cifras que se dan por seguras señalan que el sector español recibirá anualmente unos 7.150 millones de euros.
¿Cómo afecta a Castilla y León?
La PAC supone 1.100 millones de euros al año para Castilla y León en la actualidad y, según cálculos de Asaja, en el nuevo periodo percibirá 104,3 millones menos, “lo que supondrá recortar la renta agraria anual en un 4%”.
¿Cuándo entrarán en vigor los cambios?
Los próximos reglamentos de la PAC entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, aunque previamente hay un periodo transitorio de dos años, en los que se funcionará bajo la normativa actual, si bien con el presupuesto nuevo.
¿Quién será el perceptor de las ayudas?
Ese periodo transitorio garantiza los pagos de la PAC en los dos próximos años, pero a partir de 2023 el perceptor de las ayudas cambia. Será el ‘agricultor genuino’, una figura en torno a la que existe un consenso importante pero que está pendiente de definir en todos sus perfiles.
El agricultor genuino se perfile a partir de la proporción entre los ingresos totales del agricultor y sus ingresos agrarios. Si los ingresos que recibe el solicitante de las ayudas proceden “de forma significativa” de la actividad agraria, podrá ser perceptor. El debate se centra en concretar el significado de ese entrecomillado.
Una PAC aún más verde
En el periodo que se abre hasta 2027 se refuerzan las exigencias ambientales de la actividad agraria y ganadera, algo que va más allá en la política agraria que en otras actuaciones de la Unión Europea. Los objetivos medioambientales de todas las acciones de financiación europeas serán del 30%, mientras en la PAC ese porcentaje será del 40%.
Prácticas verdes voluntarias: los ecoesquemas
A partir de 2023 los agricultores y ganaderos podrán acogerse a prácticas medioambientales voluntarias, en el marco de los denominados ‘ecoesquemas’.
Adherirse a ellos será voluntario, pero desde el ministerio se ven como una oportunidad para que España convierta en ecológica el 25% de su superficie agraria. Esa superficie es del 9% en la actualidad.
¿Qué es la ayuda básica a la renta?
La nueva PAC introduce la figura de la Ayuda Básica a la Renta, el principal instrumento de apoyo a los agricultores y ganaderos, que sustituye al pago básico y a la condicionalidad.
¿Qué pasa con los pequeños agricultores?
En España son cerca de 300.000 y podrían quedar fuera de la figura del agricultor genuino, que será el perceptor de las ayudas a partir de 2023. Con todo, el ministerio aboga por preservar a estos pequeños agricultores y ganaderos por su importante papel en la preservación el medio rural, especialmente en áreas periféricas.
¿Se abandonan los objetivos de desarrollo rural?
No se abandonan, aunque resulta más que llamativa la mencionada reducción, en un 12%, de la partida del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Además, en algunos territorios, entre ellos Castilla y León, el dinero aportado por la UE para el conjunto de los fondos de desarrollo rural (de los que dependen capítulos como la incorporación de jóvenes, la modernización de explotaciones o la construcción de infraestructuras) pasa de ser el 53 al 43%.
“Orgullo” de Luis Planas y presiones de la Junta para que mejore el acuerdo
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha ofrecido la visión más optimista en relación con el documento aprobado en el Consejo Europeo y ha recalcado que se trata “de un acuerdo histórico del que todos tenemos que estar orgullosos”.
Con un total de 47.682 millones de euros para aplicar la PAC en España en el periodo 2021-2027, las cifras “son muy satisfactorios para nuestro país”.
“Las organizaciones profesionales agrarias y las comunidades autónomas nos hicieron una petición: no bajar de 47.500 millones. Ese fue nuestro objetivo y lo hemos cumplido”, ha sentenciado.
Por su parte, el consejero Jesús Julio Carnero destaca que la reducción de un 10% “no es un buen punto de partida”, si bien “el Gobierno de España tiene ahora una posibilidad de mejorar la dotación con la distribución de fondos por Estados miembros”, por lo que insta al ministro a que en la siguiente fase de la negociación “se centre en el sector agrario y defienda los intereses de las áreas rurales”.
También insta a Planas a que, en la nueva estructura de la PAC, se refuerce en España el apoyo a las rentas de los agricultores y ganaderos. “La ayuda básica de la PAC para este objetivo debe ser al menos del 70 % de la financiación del primer pilar, frente a sólo el 56 % que propone el ministerio”, ha reivindicado.
Las organizaciones agrarias se oponen al cambio, aunque alguna ve la botella medio llena
Las novedades dadas a conocer esta semana han caído como un jarro de agua fría sobre las organizaciones profesionales agrarias. Asaja se opone frontalmente a unos recortes “que estrangulan un poco más a un sector que arrastra enormes problemas de rentabilidad”.
La Unión de Uniones denuncia que “no es equilibrado” que de los 750.000 millones del fondo Next Generation EU solo se destine el 1% a agricultura y ganadería, mientras COAG critica que los recortes “se sumen a un escenario de nuevas exigencias dentro del paquete verde”, con mayores costes para agricultores y ganaderos.
UPA, por su parte, lamenta un recorte del 10% para el periodo 2021-2027, pero aboga por “mirar más allá de las cifras y diseñar un reparto más justo y social de los fondos”. Para ello considera esencial que se rebaje el techo de ayudas por explotación y que se retiren las ayudas “a aquellos sectores que no las necesitan”
El secretario general de la organización, Lorenzo Ramos, apunta respecto al acuerdo alcanzado esta semana que “dadas las circunstancias, es un buen acuerdo. Más Europa es menos desamparo”.
