spot_img

La publicación agraria líder

viernes, marzo 31, 2023
spot_img
InicioSectorCastilla y León pierde 428 agricultures a título principal: el balance del...

Castilla y León pierde 428 agricultures a título principal: el balance del año de La Alianza

Finaliza un año agrario marcado por los bajos precios, “el mal funcionamiento de la cadena alimentaria”, la crisis en todos los sectores ganaderos de leche y la incertidumbre en el sector remolachero, según la organización agraria

La Alianza UPA-COAG denuncia que a lo largo de este año 2016 el sector profesional agrario de Castilla y León ha sufrido las consecuencias de los bajos precios percibidos en la mayor parte de los productos, los abusos de la industria y la distribución, y en consecuencia la inacción de la ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la

Cadena Alimentaria aprobada por el Gobierno central que sigue sin garantizar justicia ni equilibrio en los mercados.

La Alianza UPA-COAG denuncia la constante caída de los precios de venta de los principales productos agrarios y ganaderos, que se inició hace varios ejercicios pero que se ha acentuado en los últimos doce meses. En varios sectores  los precios medios de venta se han situado por debajo de los costes medios de producción, lo que ha ocasionado pérdidas que han comprometido seriamente la viabilidad de miles  de explotaciones de Castilla y León.

Así pues, precios por debajo de los costes de producción, cotizaciones en caída libre sin motivo aparente alguno, uso frecuente de productos como reclamo comercial, ventas con pérdidas o a resultas e intercambios comerciales sin contrato son algunas de las realidades con las que se han encontrado los agricultores y ganaderos en este año 2016.

El abuso de la posición de dominio de la gran distribución en el conjunto de la cadena agroalimentaria crece año tras año. De hecho, la evolución que han seguido los precios en origen en los últimos diez años está cada vez más distanciada del precio en destino por los alimentos. Los ciudadanos pagan cada vez más por productos que los agricultores han cobrado en el 2016 a precios de hace 20 años.

El supuesto incremento de la renta agraria del 5 % a lo largo de este año en nuestro país y que tanto enorgullece a los responsables del Ministerio de Agricultura choca frontalmente con la realidad que han sufrido las explotaciones familiares agrarias de Castilla y León con pérdidas a lo largo del 2016 de cerca de 850 millones de euros según estimaciones realizadas por la Alianza UPA-COAG en subsectores claves como cereales, conejo, porcino, miel y ganaderías de leche (ver cuadro inferior).

La Alianza UPA-COAG denuncia que esta situación se ha producido como consecuencia del desmantelamiento de los instrumentos de regulación de los mercados y de la preferencia comunitaria, que favorece el acceso a nuestros mercados de productos de terceros países con unos estándares de calidad y seguridad alimentaria muy poco exigentes, además de unas condiciones medioambientales y socio laborales muy precarias basadas en la especulación y la competencia desleal. Esta desregulación es muy grave porque el 75 % de los ingresos de los agricultores vienen vía precios y, por lo tanto, del mercado. Además, lleva a una volatilidad de los precios que afecta negativamente a las rentas de los agricultores.

A lo largo del año 2016 hemos seguido sufriendo la eliminación de los sistemas de cuotas de producción. La desaparición de las cuotas lácteas sigue originando un serio perjuicio a los ganaderos puesto que aumentan los excedentes de producción de leche en Centroeuropa, con la consiguiente caída de precios en origen y el cierre de explotaciones en nuestra región.

La Alianza UPA-COAG denuncia el incremento especulativo de los costes de los insumos, con especial incidencia en la energía, los fertilizantes y las semillas, y advertimos una vez más que a lo largo de este año 2016 hemos vuelto a sufrir el régimen de oligopolio que opera en estos mercados y la  falta de regulación y control públicos, y que afecta directamente en los bolsillos de los profesionales del campo.

La situación de desánimo y desesperación en el sector agrario ha quedado muy patente a lo largo de este año. Los costes de producción se han incrementado enormemente y las cotizaciones en origen de los alimentos se han desplomado. Este año 2016 ha venido marcado por falta de rentabilidad y muchas explotaciones se han visto abocadas al endeudamiento y al cierre, tal y como lo demuestran los datos donde en Castilla y León solo en el último año ha perdido 428 ATP. Y venimos arrastrando esta situación desde hace tiempo. Hace apenas quince días Castilla y León contaba con 41.237 ATPs mientras que 10 años atrás esa cifra ascendía a 50.145. Un total de 8.908 profesionales de explotaciones familiares que han tenido que abandonar forzosamente su actividad.

SENTENCIA FAVORABLE PARA LOS REMOLACHEROS E INCERTIDUMBRE EN EL SECTOR PRODUCTOR

El 2016 se ha cerrado con una nueva victoria de nuestra organización a nivel judicial. En este caso lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia, que ha decidido dar la razón a la reclamación de nuestra organización agraria contra el Gobierno regional, que tendrá que pagar a 5.315 remolacheros de Castilla y León los 3 euros por tonelada correspondiente a la campaña 2011/2012 que se comprometió a abonar a los productores y que no lo hizo en su día. Además tendrá que abonar los intereses generados desde entonces. La victoria de la Alianza UPA-COAG en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León  beneficiará a todos los  remolacheros de la región.

La noticia más negativa para el sector se ha conocido a finales de año cuando  el Gobierno central ha decidido implantar un impuesto a las bebidas azucaradas con el consiguiente perjuicio que ello  tendrá en el sector productor. Si los responsables políticos del Gobierno, señor Montoro al frente, estuvieran realmente preocupados por la salud pública de los españoles el problema deberían afrontarlo con actuaciones que favorezcan los hábitos saludables mediante medidas pedagógicas, educativas y sociales, y no desde el ámbito de más cargas fiscales al ciudadano y que trascienden directamente al sector remolachero-azucarero. Con la puesta en marcha de esta medida impositiva corren serio peligro  miles de empleos directos e indirectos que actualmente se generan en torno a esta actividad profesional en Castilla y León, lo que conllevaría una destrucción muy importante de tejido social y económico en nuestra comunidad autónoma.

Además la incertidumbre para el sector remolachero es enorme dado que en septiembre del 2017 desaparecen las  cuotas remolacheras  sin saber aún cómo afectará al agricultor esta decisión política.

UNA QUEMA DE RASTROJOS INSUFICIENTE Y MUY RESTRICTIVA A NIVEL NORMATIVO

La tan deseada, por esperada y necesaria normativa, sobre quema de rastrojos que sacó a bombo y platillo la Administración regional en el 2016 finalmente ha resultado ser absolutamente inútil. Apenas 30.000 hectáreas se han podido acoger a esta norma. Así lo denunciamos previamente en varias mesas de negociación en la que reclamábamos que la normativa no fuera restrictiva y permitiera actuar para acabar con las plagas como medida fitosanitaria. La realidad es que ha habido muy pocas opciones de quemar rastrojos en las parcelas de la región por la cantidad de inconvenientes que han impuesto las consejerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Y es que la opción de la quema llegó demasiada tarde y con restricciones en muchas comarcas cerealistas, y con enormes prohibiciones por cercanía a carreteras, zonas de monte, zonas ZEPA…

 
 

ÚLTIMAS NOTICIAS
spot_img
spot_img
spot_img