COAG Castilla y León insiste en la necesidad de que las distintas administraciones, en especial los ayuntamientos, autoricen la celebración de los mercados de venta directa y de proximidad de productos agrarios, ante la suspensión generalizada tras las medidas de contención de la pandemia por coronavirus. En este sentido, algunos gobiernos autonómicos como Euskadi e Illes Balears han pedido a sus ayuntamientos que permitan la reapertura de estos mercados guardando todas las medidas de seguridad sanitaria que corresponda. En Francia se estima que al menos un 25% de los más de 10.000 mercados que existen en el país vecino se han reabierto haciendo uso de esta posibilidad.
El real decreto 463/2020 establece la necesidad de asegurar el abastecimiento alimentario, por lo que resulta incomprensible y discriminatorio el veto a los mercados agrarios al aire libre. Por ello, la organización agraria considera que las distintas modalidades de canales de venta directa de productos agrarios deberían celebrarse y prestar su servicio con normalidad, cumpliendo en todo caso con las medidas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, tales como mantener distancia de seguridad entre las personas, evitar aglomeraciones en el recinto de celebración, aumentar la separación entre puestos, etc.
Mantener cerrados estos canales de venta directa supone un grave perjuicio para las explotaciones agrícolas que utilizan esta vía de comercialización -en torno a 25.000 en España y varios centenares en Castilla y León-, así como para los consumidores que optan por este canal de relación directa con los productores. Además del perjuicio económico, se produce también un elevado desperdicio de alimentos que, perfectamente aptos para su consumo, pueden acabar no siendo cosechados o, una vez cosechados, no llegar al consumidor final. En la mayoría de los casos se trata de producciones que ese agricultor o ganadero no podría comercializar por otras vías.
“Ahora más que nunca es crucial apostar por los alimentos de cercanía, vinculados al territorio, para fortalecer la economía local y aprovechar al máximo toda la producción. No obstante, el desarrollo de estas vías de comercialización directa, al margen de esta situación temporal, grave e indeseada, no cuentan con el apoyo de las autoridades, cuando se trata de una vía necesaria para el fomento de una relación adecuada entre consumidor y proveedor. Las distintas administraciones deben arbitrar un sistema y una legislación favorable que permita potenciar estos canales de venta”, señalan.
