La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha subrayado que ha sido este Gobierno el que ha puesto en marcha una ley que protege a los agricultores españoles frente a los abusos comerciales.
García Tejerina respondía esta tarde a una pregunta del senador Juan Carlos Pérez Navas, sobre el incremento de los precios de las hortalizas durante el pasado mes de enero, en la sesión de control al Gobierno.
En su intervención, García Tejerina ha asegurado que la producción agraria está sujeta a la meteorología y que el mes pasado la adversa climatología ha afectado a las principales zonas productoras de hortalizas de invierno, reduciéndose durante unas semanas la producción. Ante esta situación, se ha producido una reducción de la oferta y, en consecuencia, el incremento de los precios, sobre todo hasta la tercera semana del mes de enero.
No obstante, la Ministra ha destacado que el sector productor español ha sido capaz de mantener casi en solitario el abastecimiento de hortalizas en los principales mercados europeos, demostrando su liderazgo en la producción de hortalizas de invierno. Asimismo, García Tejerina ha apuntado que, del análisis realizado por el Ministerio, se desprende que los precios al consumidor subieron por su incremento en origen y que, una vez que estos bajaron, los precios al consumidor se están reduciendo más lentamente.
La Ministra ha añadido que, tras estos análisis y a petición del propio sector por las denuncias recibidas, la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) ha comenzado a investigar si algún operador ha incumplido la Ley de la Cadena Alimentaria.
En este sentido, García Tejerina ha asegurado que AICA “actuará con contundencia” si encuentra algún incumplimiento de la ley de la cadena. Además, si la Agencia detectara otras irregularidades, como una presunta concertación entre competidores para influir en los precios, lo denunciará inmediatamente ante las autoridades competentes, españolas o europeas.
Ley de la Cadena Alimentaria
Por otra parte, García Tejerina ha asegurado que la promulgación de la Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria y el conjunto de sus instrumentos ha supuesto un avance sin precedentes en las relaciones entre los operadores.
Según ha recalcado la Ministra, se trata de un hito histórico para el sector agroalimentario español, y por tanto, para la economía nacional. Por primera vez en España se ha procedido a regular las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria, con el respaldo de las organizaciones agrarias, la industria alimentaria y una parte importante de las empresas de la distribución.
En respuesta a una pregunta del senador Diego Sánchez Duque, García Tejerina ha señalado que en el año 2012 eran muy frecuentes las transacciones en las que el productor entregaba su cosecha sin garantía sobre la cuantía del precio ni del plazo de cobro, situaciones que perjudicaban a los agricultores y ganaderos españoles.
Para corregir esta situación, el Gobierno impulsó la ley de la cadena alimentaria, que ha establecido el marco para unas relaciones comerciales de mayor equidad, con sistemas de control, seguimiento y vigilancia que permiten identificar, corregir y sancionar los problemas que se pudieran producir.
AICA
En concreto, García Tejerina ha indicado que la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) es el organismo creado para garantizar el cumplimiento de esta ley, para lo que realiza inspecciones de oficio, investiga denuncias e inicia e instruye expedientes sancionadores. “Desde 2013, el sector tiene dónde denunciar, tiene quien defienda sus legítimos intereses”, ha subrayado.
Así, desde 2014 AICA ha llevado a cabo 1.748 inspecciones de oficio (541 en el año 2016). Asimismo, ha recibido y tramitado desde entonces 149 denuncias (53 en 2016), de las que 98 corresponden a posibles incumplimientos de la ley y 51 a posibles casos de “venta a pérdidas”, no regulado en esta ley pero de lo que AICA da traslado a las comunidades autónomas, competentes en la materia. Además, García Tejerina ha señalado que se han impuesto 347 sanciones (56 en el año 2016).
Por otra parte, la Ministra se ha referido al Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, como otro de los instrumentos previstos en la ley de la cadena. Según ha explicado, se trata de un código voluntario, al que ya se han adherido 91 operadores, que contiene unos compromisos más exigentes que los fijados en la ley, como de obligado cumplimiento.
Al mismo tiempo, la Ley ha creado el Observatorio de la Cadena Alimentaria, cuyos informes periódicos nos permiten apreciar una mejora de las relaciones y una concienciación de los operadores para ajustar sus relaciones a lo previsto en la Ley.
Por último, García Tejerina ha reafirmado su compromiso con los operadores de la cadena agroalimentaria, para conseguir en los próximos años todavía mayores avances en la mejora de las relaciones entre los diferentes eslabones.
