La Guardia Civil, en el marco de la operación SILVER AXE IV”, ha llevado a cabo 1.122 inspecciones y 564 denuncias por diferentes incumplimientos relacionados con la normativa de sanidad vegetal en puertos, aeropuertos, recintos aduaneros, instalaciones comerciales, explotaciones agrarias y otras afines al sector agrario y hortofrutícola.
Asimismo, se han intervenido 63 toneladas de pesticidas que infringían la normativa.
Con esta operación, desarrollada anualmente y coordinada por EUROPOL, se trata de combatir la fabricación, el comercio y el uso irregular de medios fitosanitarios y biocidas en el sector agrícola y hortofrutícola, así como para concienciar a la población de las repercusiones que podrían tener estas actividades para el medio ambiente y para la salud del consumidor.
El uso de productos fitosanitarios prohibidos y biocidas como cebo envenenado fue el motivo de la detención/investigación de 4 personas en las provincias de Zamora (1), Huesca (1) y Valencia (2) por un supuesto delito contra la flora, fauna y animales domésticos.
Una práctica tradicional en la agricultura es el uso de determinados compuestos para controlar las plagas que destruyen las cosechas, que ha evolucionado hasta el desarrollo de plaguicidas químicos con el objeto de conseguir el máximo desarrollo y rendimiento de los cultivos. Esto, en ocasiones, se consigue haciendo un uso incorrecto e ilegal de los mismos perjudicando al medio ambiente y a la salud de los consumidores y usuarios.
El mercado de los fitosanitarios es uno de los más regulados del mundo. El uso indebido de pesticidas puede provocar graves riesgos para la salud pública y el medio ambiente, sobre todo cuando se trata de sustancias que se han introducido sin autorización o que se aplican en las explotaciones de manera incorrecta.
La presencia de pesticidas ilícitos o falsificados, producidos, importados y distribuidos, sin ninguna medida de control dentro del mercado Europeo representan una grave amenaza tanto para la salud pública y la sanidad animal, como para los propios campos de cultivo.
La destrucción de estos pesticidas puede ocasionar daños medioambientales a medio- largo plazo, por no hablar perjuicio económico que supone para las compañías que legalmente se dedican a vender este tipo de producto.
España está incluida en la lista de los 10 principales países exportadores mundiales de productos agrícolas, según datos de la propia Comisión Europea. Esta posición en el mercado puede causar un impacto muy significativo en la seguridad y en la salud de las poblaciones, así como el medio ambiente, si se emplean sustancias fitosanitarias no autorizadas. Los falsificadores y usuarios de pesticidas irregulare consciente dichos riesgos y peligros.
