Cerca de 50.000 productores de Castilla y León están integrados en cooperativas, unas entidades fundamentales para el control de los precios. El director de Urcacyl, Jerónimo Lozano, pide a las administraciones “además de apoyo, una interlocución fluida”
Castilla y León cuenta con 580 cooperativas, aunque solo dos centenares cuentan con instalaciones propias y actividad a lo largo de todo el año. De ellas, 160 forman parte de la Unión Regional de Cooperativas Agrarias, Urcacyl, cuyo director, Jerónimo Lozano, asegura que el sector merece ser escuchado. Reclama a las nuevas autoridades “consideración; más que ayudas, que nos tengan en cuenta y que el cooperativista se sienta apoyado”.
En el periodo 2012-2013, el último del que hay datos oficiales, las cooperativas facturaron 2.375 millones de euros, con un menor número de cooperativas pero un mayor tamaño de las que siguen trabajando.
Para Lozano, estas sociedades son muy necesarias “porque dan el mejor precio y el mejor servicio al productor” y además son “fundamentales para la regulación de los mercados y para dar estabilidad a los precios”. Eso sí, la cooperativa debe mirar por sus socios, pero también velar por sí misma “porque debe obtener beneficios, ser competitividad como empresa”, uno de los pilares en que debe asentarse el cooperativismo. El otro es el de obtener un dimensionamiento “adecuado y flexible; no crecer por crecer, sino siendo cauto y racional”.
Esto último no será posible sin la adecuada formación empresarial de directivos y socios, “y que todos ellos conozcan cuál es el funcionamiento de la cooperativa de la que forman parte”.
“Una cosa que tenemos clara es que el crecimiento del empleo en el sector agrario no vendrá tanto por la incorporación de nuevos agricultores como por la creación de puestos de trabajo en la industria agroalimentaria”, apunta. De hecho es ahí donde se está creciendo, “en las numerosas cooperativas que antes solo eran productoras, mientras que hoy en día también transforman y comercializan”.
Otra novedad es que crece el número de sociedades que contratan gerentes y personal técnico, una profesionalización “que repercute de forma favorable en el sector agrario”.
Protección especial
Las cooperativas son acreedoras de un tratamiento especial como mandato de la Constitución Española (artículo 129.1) y del Estatuto de Autonomía de Castilla y León (artículo 16.5). Estos textos normativos “recogen esas menciones por el papel esencial que tienen las cooperativas en el desarrollo rural”. “Las cooperativas son 100% del sector agrario y 100% de la región; no se deslocalizan, generan empleo en el medio rural… lo que justifica que se creen normas en favor de esas sociedades”, apunta el director de Urcacyl.
