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Nuestro gozo en un pozo

Editorial de CAMPO 43 – 05/03/2017

La Ley de Aguas de 1985 convirtió en públicas todas las aguas, incluidas las subterráneas, por lo que desde entonces cualquier alumbramiento de aguas y su uso han de ser autorizados, a través de una ‘concesión’, por la CHD. Dicha ley recoge el mantenimiento de los derechos adquiridos, dejando a la voluntad del propietario la posibilidad de convertirla en un título administrativo (concesión) o seguir como titular del derecho privado.

Han pasado más de 30 años desde la publicación de esta ley. Años en que los regadíos han trasformado las explotaciones de nuestros agricultores en las de mayor producción de Europa en cultivos como la remolacha, la patata o la zanahoria. Años en los que el sector productor se ha asentado en nuestros pueblos, creando puestos de trabajo, inversiones y desarrollo de nuestro medio rural… Después de todo esto, sorprende la actitud sancionadora por parte de la CHD, que lejos de reconocer este derecho privado adquirido por ley y poner soluciones para regularizar la situación (no ha tenido, al parecer, tiempo en estos 30 años) está suscitando no solo el temor a tener que pagar cuantiosas multas pecuniarias, sino el cese inmediato del riego, lo que resulta aún mas gravoso e incomprensible.

Los regantes de aguas subterráneas propietarios de un pozo ‘de minas’ han visto, de la noche a la mañana y sin aviso previo ni ningún tipo de explicación por parte de la CHD, cómo sus explotaciones basadas en la productividad de los cultivos de regadíos pueden poner punto final a su actividad.

La confederación lo tiene claro: “Tendrá que ser un juez el que reconozca este derecho privado”.

Atrás queda todo el trabajo de sus padres, el esfuerzo y sacrificio personal, económico y familiar para sacar adelante un proyecto, una ilusión, toda una vida. Hasta aquí hemos llegado. Hasta cuando y como han querido. Sentencia “el que no pueda regar, que no riegue”. Fdo.: CHD. ¡Todos al juzgado!

¡Qué paradoja! Gracias a estos pozos ‘ilegales’ se han incorporado jóvenes, se han tramitado expedientes de mejora, les hemos subvencionado los pívots y el tractor. ¿Y ahora qué? Devolvemos las subvenciones, la maquinaria, las tierras, rompemos los contratos con la industria, los planes con la Junta.  Habrá que solucionarlo en el juzgado.

¿Alguien se ha preguntado todo esto? ¿Se ha preguntado qué va a pasar con los agricultores que van a tener que dejar de regar y abandonar su actividad? No es su problema, ¿verdad? Lo primero es lo primero, y las personas…

Todos los que de alguna forma estamos vinculados al campo debemos mostrar nuestra preocupación por la situación que puede generar en nuestros pueblos y, aún más importante, en sus habitantes. En los agricultores, en los cientos de familias que de no encontrar soluciones a las diferentes causas que han generado estas sanciones e incumplimientos, tendrán que abandonar su actividad profesional. La que han mantenido de generación en generación.

No podemos permitir que la agricultura, actividad principal de su desarrollo económico, mantenedora del medio rural y base de una industria agroalimentaria cada día más pujante, sufra un fatal revés en su crecimiento. Es el momento de buscar soluciones para el acuífero y su mantenimiento, pero también para las personas.

Es hora de poner en práctica los discursos, de creernos lo que decimos, de demostrar que merecemos la confianza de un sector que seguramente no hace las cosas del todo bien (“el que esté libre de pecado que tire la primera piedra”), pero que ha luchado como el que más por labrarse un futuro, por mantener y ampliar el legado que recibió de sus padres y por ganarse un respeto que hoy recibe en reconocimientos y abrazos en foros y teatros. Mantengamos los abrazos y procuremos los hechos, que “obras son amores y no buenas razones”.

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