La Organización Europea de Consumidores ha elaborado un informe que revela cómo la Unión Europea (UE) ha recortado los presupuestos y recursos dedicados a inspecciones alimentarias. Así lo recoge la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, que se hace eco de este informe, distribuido a nivel estatal por la OCU. “La reducción en España habría sido del 8,6% entre 2009 y 2017, inferior a la que se habría producido en otros países”, como destacan desde la organización agraria.
Insiste en que estos controles son clave para garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores europeos y evitar así que se den casos como el de las importaciones de cítricos con plagas procedentes de Sudáfrica denunciado por la Unió de Llauradors. “En ésta, como en otras muchas cuestiones”, aseguran, “agricultores y ganaderos debemos tener una total complicidad con los consumidores”, porque, razonan, es la mejor forma de que se valoren los enormes esfuerzos que realizan los productores españoles para proveer a los consumidores de excelentes productos en términos de calidad, sanidad y bienestar animal.
No obstante, para que ello suceda la organización agraria considera que “debe engrasarse la cadena alimentaria para que ese valor se traslade al precio en origen y para eso son fundamentales también los controles de la AICA”.
Sobre esta cuestión, Unión de Uniones contempla positivamente las actuaciones de la agencia encargada de velar por el cumplimiento de la Ley 12/2013 sobre las relaciones comerciales entre los distintos operadores de la cadena alimentaria. Es necesario, y así lo ha venido reclamando, que se dote a la agencia de más recursos presupuestarios y de más medios personales para rentabilizarlos y ampliar las actuaciones dirigidas a erradicar de la manera más eficaz las prácticas desleales en la cadena alimentario.
Según un informe de la propia entidad, hasta mediados de 2019 desde la puesta en marcha de la AICA, se han interpuesto 1.735 sanciones por un montante total de 10,6 millones de euros. En el caso de las industrias la multa media estaría por debajo o en el entorno de los 3.000 euros y en las empresas de distribución directa al consumidor, sobre la que recae la mayor cuantía de las sanciones, rondaría los 28.000 euros. Estos datos arrojan un importe medio de las sanciones realmente bajo y escasamente punitivo si se comparan con algunas de las cifras de negocio de grandes empresas del sector.
Unión de Uniones considera que se debe proceder a una revisión del régimen sancionador de la Ley en cuanto al importe, tipificación de gravedad y graduación de las multas, de forma que lleguen a ser realmente disuasorias de la realización de prácticas contrarias a la Ley. Además, la organización pide que se aplique, ampliándola a todos los infractores, la sanción complementaria que la Ley contempla consistente en publicar la lista de todos ellos, no sólo los casos muy graves, indicando la multa y el motivo.
“No podemos tener leyes que permitan que salga rentable incumplirlas”, como declaran desde Unión de Uniones y citan el ejemplo de la multa a algunas industrias lácteas españolas, en este caso por parte de las autoridades de competencia. “Sanciones de sólo el 10 % del beneficio ilícito obtenido y que siguen sin pagarse después de varios años de imponerse, más que penas disuasorias, pueden ser un riesgo calculado y asumible para quien decida saltarse las normas, añaden.
La organización también considera clave reforzar la coordinación entre las administraciones regionales y el Estado para evitar que aquellos que cometan infracciones suprarregionales queden impunes, así como dotar con más recursos la capacidad inspectora de las comunidades autónomas para evitar que los grandes grupos empresariales con clara posición de dominio “campen a sus anchas”.
