Asaja de Castilla y León se ha dirigido a la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, para que informe al sector agrario de cómo va a influir, en el pago de ayudas pendientes de su departamento, la entrada en vigor de la Orden EYH/849/2016 de 27 de septiembre, publicada en el BOCYL el miércoles 5 de octubre, que establece que “a partir de la entrada en vigor, no se podrán remitir a las intervenciones para su fiscalización, expedientes de aprobación de gasto con imputación a los capítulos de inversiones reales, transferencias corrientes y transferencias de capital con cargo al presupuesto 2016”. Si bien dentro de las excepciones se encuentra la “Sección 31 Política Agrícola Común”, esta partida se refiere a las ayudas directas financiadas al cien por cien por Bruselas, pero no a otras medidas de la PAC cofinanciadas por los estados miembros.
Esta organización agraria considera que el cierre del presupuesto decretado por Pilar del Olmo “ha cogido de improviso a Agricultura, y conllevará un nuevo retraso de todas las líneas de ayudas pendientes, fundamentalmente los programas agroambientales –que incluyen la ayuda a la remolacha de 2015-, las ayudas a la modernización de explotaciones, y las ayudas a la incorporación de jóvenes al campo”. Se dejarían así de pagar partidas de las que “ya en pleno verano anunció el abono inminente” la consejera Milagros Marcos.
También afectaría esta medida a las ayudas comprometidas para el seguro agrario “que acumulan importante retraso”, los pagos de la campaña de saneamiento ganadero, y a las inversiones que ejecuta la consejería de Agricultura, entre otras materias, en concentraciones parcelarias y modernización de regadíos, según explican desde Asaja.
De esta forma, responsabiliza a la Junta de Castilla y León de “dar bandazos en sus directrices políticas, de cambiar las reglas del juego a mitad de partido, y de obligar a improvisar a los empresarios agrarios, cuando éstos lo que necesitan es estabilidad y certidumbre para poder tomar las decisiones más acertadas en la gestión de las explotaciones”.
Asaja recuerda a las consejerías de Agricultura y de Hacienda que “la morosidad de las administraciones públicas termina poniendo sobre las cuerdas a quienes de una forma u otra dependen del presupuesto público –y el campo depende en un tercio de su renta–, y que el problema se agrava cuando los precios y las cosechas no son favorables, como es el caso”.
