La Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis) ha acordado en su Junta Directiva la celebración del primer Congreso de la Industria Alimentaria de Castilla y León, que tendrá lugar entre los días 28 de febrero y 1 de marzo de 2019, y culminará con la celebración de la Asamblea General ordinaria.
La Junta Directiva de Vitartis se ha reunido en las instalaciones de Lesaffre Ibérica, en Valladolid, y ha valorado la evolución que ha experimentado la asociación durante sus primeros diez años de actividad. Entre los objetivos logrados en estos años, destacan, se encuentra su contribución a la dinamización de la innovación y la tecnología de las industrias asociadas, la extensión de la cultura de la colaboración entre las compañías, el impulso a la formación, especialmente de los equipos directivos; y la interlocución permanente con las administraciones públicas como entidad representante del sector agroalimentario de Castilla y León.
La presidenta de Vitartis, Beatriz Escudero, avanzó que uno de los objetivos del Congreso pasa por “profundizar en las nuevas líneas de modernización de nuestra industria, que tienen mucho que ver con la sostenibilidad de la empresa, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental”.
Aseguró que este es un buen momento para pararse a reflexionar y analizar cómo seguir colaborando con las industrias en su compromiso de mejorar constantemente en términos de competitividad. Reconoció que el sector opera en un mercado “cada vez más exigente, tanto en España como en el exterior, por lo que es preciso analizar las tendencias a medio y largo plazo, con el fin de tratar de diferenciarse y de adelantarse a la demanda”.
Escudero expresó la preocupación de las industrias alimentarias por la “incertidumbre que genera la complejidad de la situación política nacional, que arroja dudas sobre aspectos clave para la estabilidad económica y financiera del país”. Entre ellos, citó a título de ejemplo el debate sobre los Presupuestos Generales del Estado, el previsible incremento de la fiscalidad y el más que probable aumento de las cargas sociales.
Considera que la industria alimentaria de Castilla y León necesita el apoyo de las administraciones públicas, aunque “no se trata de reclamar subvenciones, sino estabilidad, seguridad jurídica, simplificación burocrática, incentivos a la inversión y apoyo a la modernización y a la internalización de las empresas”, afirmó.
